En un clima de tensión institucional, la Corte Suprema de Justicia se reúne hoy en su plenario habitual y podría definir si le toma juramento a Ariel Lijo y Manuel García Mansilla, los jueces designados en comisión por el presidente Javier Milei. La Casa Rosada espera una respuesta antes del sábado, cuando el mandatario abrirá el período de sesiones ordinarias en el Congreso.

De manera informal, el Gobierno trasladó ayer su pedido a la Corte para que formalice la incorporación de los magistrados con la ceremonia de jura antes del discurso presidencial. La decisión del máximo tribunal es crucial para definir si los nuevos jueces asumirán sus cargos o si se desatará una crisis institucional.  

¿Qué opciones tiene la Corte Suprema?

El tribunal encabezado por Horacio Rosatti tiene tres caminos posibles frente al pedido de Milei:

Aceptar y tomar juramento a Lijo y García Mansilla.

Rechazar la solicitud y desconocer la designación en comisión.

Aplicar la llamada "cronoterapia", es decir, demorar la decisión para no pronunciarse de inmediato, una estrategia utilizada históricamente por la Corte para evitar conflictos políticos.

Aunque el juez Ricardo Lorenzetti ya expresó su aval a las designaciones, la incógnita recae sobre Rosatti y el vicepresidente del tribunal, Carlos Rosenkrantz. Si no hay una resolución clara, la Corte podría quedar en el centro de una disputa de poderes entre el Ejecutivo y el Judicial.

El aval de la Cámara Federal complica el escenario

Ayer, la Cámara Federal agregó una nueva capa de complejidad al asunto al otorgar por unanimidad una licencia extraordinaria sin goce de sueldo a Lijo para que asuma en la Corte. Esta decisión, firmada por los jueces Mariano Llorens, Eduardo Farah, Roberto Boico, Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Martín Irurzun, no envió el caso a la Corte, solo notificó su resolución.

Esto significa que, a menos que el tribunal decida abrir el expediente por iniciativa propia, no tiene obligación de pronunciarse.

Dos posturas en el Gobierno

Dentro del oficialismo hay dos líneas de acción frente a la posibilidad de que la Corte dilate el juramento:

El ala dura insiste en avanzar con el decreto presidencial y forzar la jura.

Otro sector busca una salida negociada para evitar un choque de poderes entre Milei y Rosatti.

En este contexto, trascendió que Milei podría tomarle juramento a Lijo y García Mansilla si la Corte se niega a hacerlo. Sin embargo, esta alternativa choca con el artículo 112 de la Constitución Nacional, que establece que solo el presidente de la Corte Suprema puede administrar el juramento formal.

Mientras se aguarda la decisión de la Corte, crecen las impugnaciones contra las designaciones en comisión. Ayer, la ONG Red de Mujeres para la Justicia solicitó un per saltum para que el máximo tribunal intervenga directamente. Además, el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, presidido por Ricardo Gil Lavedra, emitió una declaración institucional en contra del nombramiento de los jueces.

La controversia se intensifica a pocos días del discurso presidencial y la Corte Suprema enfrenta una decisión histórica que podría redefinir el equilibrio de poder en Argentina.

El trasfondo del decreto presidencial

Tras casi un año de negociaciones estancadas, el presidente Javier Milei firmó el decreto que designa en comisión a Ariel Lijo y Manuel García Mansilla para completar las cinco vacantes en la Corte Suprema. El momento elegido no es casual: el decreto fue publicado cuando el Congreso está "cerrado" por la falta de sesiones extraordinarias, lo que evita un debate parlamentario.

El plenario de hoy será clave para determinar si los nuevos jueces pueden asumir sus funciones antes del discurso de Milei o si la Corte Suprema elige dilatar su decisión, abriendo un nuevo capítulo en la ya compleja relación entre los poderes del Estado.