La venta de terrenos fiscales en la provincia de Tucumán, especialmente en áreas de alto valor turístico como La Angostura, ha desatado una serie de investigaciones sobre presuntas irregularidades en la comercialización de tierras del Estado. El caso que involucra al Loteo Gaucho Castro es solo la punta del iceberg de una trama que podría tener ramificaciones mucho más profundas. La investigación, que comenzó con un caso en El Mollar, pone en evidencia un posible esquema de usurpación y venta ilegal de tierras fiscales, gestionadas mediante maniobras irregulares que habrían contado con la colaboración de funcionarios públicos.

La red de irregularidades detrás de la inmobiliaria estatal

El fiscal Miguel Varela, encargado de la investigación, sospecha que lo ocurrido no fue un simple caso aislado, sino que podría haber sido parte de una operación más grande, similar a una inmobiliaria estatal. Según Varela, un grupo de personas habría usurpado tierras fiscales para luego comercializarlas, y a través de documentación falsa o irregular, buscaban legalizar las transacciones ante posibles compradores.

Entre las irregularidades detectadas se encuentra la intervención de empleados de la Subsecretaría de Regularización Dominial y de Hábitat, organismo que fue disuelto por el gobernador Osvaldo Jaldo tras recibir un informe de la fiscal de Estado, Gilda Pedicone, sobre la posibilidad de que en esta dependencia se originaran las irregularidades en la venta de terrenos en El Mollar y El Cadillal.

La historia de Juan Pablo Castro y el "Loteo Gaucho Castro"

Juan Pablo Castro, un hombre de 85 años que vivió y trabajó en El Mollar toda su vida, fue uno de los primeros involucrados en la trama. Según los documentos que posee, Castro recibió tierras como indemnización en 1985, tras la expropiación de tierras por parte de la provincia. A pesar de que el terreno tenía un origen controversial, Castro cultivó la tierra durante más de tres décadas.

En 2015, funcionarios de Regularización Dominial se ofrecieron a ayudarle con los trámites de escrituración, pero a cambio de recibir parcelas como parte del acuerdo. Años más tarde, el ingeniero Maximiliano Barreiro, empleado de la misma repartición, presentó un proyecto de loteo ante el Catastro. Sin embargo, el trámite no avanzó, aunque sí se obtuvo la aprobación de la Dirección de Comunas y Municipios para la venta de los terrenos. Según la investigación, más de 20 lotes fueron vendidos antes de que se intentara legalizar el proyecto con documentación falsa.

Funcionarios implicados en el caso

El ex titular de la Subsecretaría de Regularización Dominial, Fernando Rogel Chaler, también está en la mira. La investigación ha revelado que firmó documentos que confirmaban la tramitación de escrituras, aunque luego negó que la firma fuera suya. Además, durante un allanamiento en su casa se encontraron varios sellos oficiales, lo que refuerza las sospechas de que hubo falsificación de documentos.

El comisionado de la comuna de El Mollar, Jorge Cruz, está también bajo investigación por su posible implicación en la venta ilegal de los terrenos. A pesar de haber negado la existencia de trámites relacionados con el Loteo Gaucho Castro, documentos encontrados en la investigación refuerzan la hipótesis de que su participación fue clave para que el loteo pudiera continuar.

Este caso sigue en desarrollo y se esperan más revelaciones sobre cómo se manejaron los terrenos fiscales en Tucumán, involucrando a varias instituciones y funcionarios en lo que podría ser uno de los mayores escándalos de usurpación de tierras en la historia de la provincia.