En un lamentable incidente ocurrido en el Parque Avellaneda, dos mujeres fueron detenidas tras sustraer la billetera a un hombre que paseaba por el lugar.

Según explicó Contexto, el hecho involucra a un bebé de apenas ocho meses, lo que provocó gran preocupación en la comunidad sobre la creciente ola de delitos que utilizan a menores como distracción en sus maniobras delictivas.

Las acusadas, de 22 y 38 años, llevaron a cabo el hurto de manera coordinada. Según relatos de fuentes judiciales, la mujer de 38 años, que sostenía al bebé, se acercó al hombre y le robó la billetera de cuero negro que llevaba en el bolsillo trasero.

En la billetera había documentación personal, tarjetas de débito y crédito, además de $ 2000. Utilizando al infante como herramienta de distracción, logró ocultar rápidamente las pertenencias robadas, asegurando así su impunidad.

La auxiliar de fiscal, Fernanda Antoni Piossek, detalló en la audiencia que el incidente ocurrió el pasado domingo, cuando la víctima caminaba junto a dos amigos. La estrategia de las acusadas refleja un método conocido como "mechera", donde los delincuentes aprovechan la confianza de las personas para llevar a cabo sus delitos sin ser detectados.

Ambas mujeres enfrentan cargos de hurto agravado por la participación de un menor de 18 años, en calidad de coautoras.

La situación es aún más grave dado que una de las acusadas ya cuenta con un antecedente penal: había sido condenada anteriormente a un año y tres meses de prisión, aunque el Tribunal de Impugnación había reducido su pena original de seis años. Esto llevó a la fiscalía a solicitar prisión preventiva para la mujer de 38 años y arresto domiciliario para la joven, con un plazo de 30 días.

La investigadora mencionó que se llevarán a cabo diversas medidas, incluyendo una rueda de reconocimiento de objetos y personas, para profundizar en la investigación.

Sin embargo, al momento de decidir, el juez reformuló la calificación del delito a hurto simple en grado de tentativa, otorgando arresto domiciliario a ambas acusadas bajo ciertas condiciones, como la colocación de un dispositivo electrónico y la realización de rondas policiales periódicas.

Este desenlace ha suscitado críticas, ya que muchos consideran que la respuesta judicial no es suficiente frente a la gravedad de los hechos.

Además, el magistrado ordenó la intervención de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia, así como la remisión del caso al Juzgado de Familia, evidenciando la complejidad de la situación que involucra a un menor en un acto delictivo.