Veto a la ley de financiamiento universitario: dilemas y estrategias del Gobierno
Tras firmar el veto a la ley de financiamiento universitario, el Gobierno busca alternativas para enfrentar la posible resistencia en el Congreso.
El oficialismo es consciente de los obstáculos que enfrentará en las próximas semanas para ratificar el veto en la Cámara de Diputados. Integrantes del PRO, que habían respaldado la anulación de la ley jubilatoria, podrían obstaculizar el interés de la Casa Rosada en esta ocasión. Un colaborador cercano al presidente Javier Milei expresó: "Es algo típicamente mezquino de la política si el PRO no apoya el veto. Hasta ahora no tuvimos comunicaciones en ese sentido".
En la Casa Rosada, sostienen que si el Parlamento respalda el refuerzo presupuestario para las universidades, existe una "decisión política" de recortar partidas. Sin embargo, será el Ministerio de Economía quien finalmente determine qué recursos se reducirán. "Existen otras alternativas en estudio, como la vía judicial. Pero no ha salido el veto todavía; es muy pronto para confirmarlo", comentó un vocero oficial a Clarín previo a la publicación del veto.
Las implicaciones de la marcha del miércoles
Desde el oficialismo creen que la marcha de este miércoles tuvo un carácter político e instó a afectar una de las principales políticas gubernamentales: el ordenamiento de las cuentas públicas. El presidente clasificó de "degenerados fiscales" a los legisladores que proponen iniciativas con costos para el Estado. Para atenuar el costo político del veto, su entorno enfatizó que los cuestionamientos son hacia "el Congreso y no hacia las universidades", por la supuesta irresponsabilidad de la oposición al crear leyes sin proponer un financiamiento sustentable.
Actualización por la inflación: La propuesta de la oposición
La propuesta de la Unión Cívica Radical, aprobada por el Senado el 13 de septiembre, busca incrementar los fondos para las universidades nacionales, asegurando su funcionamiento y actualizando los salarios del personal. La oposición advierte sobre el limitado impacto fiscal de la recomposición, que ascendería al 0,14% del PBI, equivalentes a unos $738.595 millones según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso.
La normativa declara la emergencia presupuestaria del sistema universitario nacional para 2024, con el fin de "atenuar, ante el aumento de los costos de bienes y servicios esenciales, el impacto en los compromisos salariales y los gastos de funcionamiento de todas las universidades nacionales". La iniciativa propone actualizar las partidas del Presupuesto 2023 conforme a la inflación acumulada del 211,4% y aplicar un incremento bimestral según la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Además, se modificará el artículo 58 de la Ley de Educación Superior, estableciendo nuevos criterios para la distribución del presupuesto entre las universidades, que incluirán factores como el número de estudiantes, tipos de carreras, cantidad de egresados y áreas de investigación.
Por último, la reglamentación insta al Ejecutivo a recomponer los salarios docentes y no docentes desde el 1º de diciembre de 2023, ajustando las remuneraciones conforme a la inflación informada por el INDEC.