La Fiscalía General de Brasil presentó una acusación formal contra el ex presidente Jair Bolsonaro, el ex ministro Braga Netto y otras 32 personas por su presunta participación en un intento de golpe de Estado destinado a evitar que Luiz Inácio Lula da Silva asumiera la presidencia tras las elecciones de 2022. La denuncia, formulada por el fiscal general Paulo Gonet, fue enviada a la Primera Sala del Tribunal Supremo Federal, presidido por el magistrado Alexandre de Moraes, quien evaluará si procede un juicio formal.

Bolsonaro enfrenta cargos graves, que incluyen organización criminal armada, tentativa de golpe de Estado, abolición del Estado democrático de derecho y daños calificados por violencia y deterioro de bienes públicos. 

Según la Fiscalía, el ex presidente brasileño habría discutido con su equipo de colaboradores sobre cómo desestabilizar la transición de poder, además de intentar implementar estrategias para anular los resultados de las elecciones.

Las pruebas recabadas en la investigación incluyen grabaciones y testimonios que sugieren que Bolsonaro, junto con su círculo cercano, analizó diversas opciones para impedir la posesión de Lula. En diciembre de 2022, Bolsonaro se habría reunido con los altos mandos militares para discutir la posible utilización de herramientas legales, como la Garantía de la Ley y el Orden (GLO), el Estado de Defensa y el Estado de Sitio, con el fin de revertir los resultados electorales.

El ex comandante del Ejército, Freire Gomes, y el ex comandante de la Fuerza Aérea, Baptista Junior, testificaron en contra de Bolsonaro, destacando que se opusieron a las propuestas golpistas. Sin embargo, el entonces comandante de la Marina, Almir Garnier Santos, habría apoyado las intenciones de Bolsonaro. Según el testimonio de Baptista Junior, Freire Gomes llegó a amenazar con arrestar a Bolsonaro si el plan avanzaba.

La acusación también sostiene que Bolsonaro y su equipo se dedicaron a difundir información falsa sobre el sistema electoral brasileño, buscando generar inestabilidad política. Uno de los episodios clave de esta estrategia fue una reunión que Bolsonaro organizó con embajadores extranjeros en la que desacreditó el sistema de votación electrónica, un acto que posteriormente llevó al Tribunal Superior Electoral (TSE) a inhabilitarlo políticamente por abuso de poder y uso indebido de los medios.

En noviembre de 2024, la Policía Federal había señalado a Bolsonaro y a otras 39 personas en su investigación inicial. Sin embargo, la Procuraduría General decidió no incluir a todos los implicados en la acusación formal. Bolsonaro negó rotundamente todas las acusaciones en su contra, defendiendo su inocencia y rechazando las versiones presentadas por la Fiscalía.

La denuncia será ahora evaluada por el Tribunal Supremo, que decidirá si abre un juicio formal contra Bolsonaro y los demás acusados.