La Cancillería argentina formalizó una denuncia ante la Corte Penal Internacional (CPI) por el arresto del gendarme Nahuel Agustín Gallo, detenido en Venezuela el pasado 8 de diciembre. El gobierno argentino considera que su detención es una "violación grave de los derechos humanos" y califica la situación como una "desaparición forzada" que evidencia un patrón sistemático de abusos cometidos por el régimen de Nicolás Maduro.

Un patrón de violaciones de derechos humanos en Venezuela

El Ministerio de Relaciones Exteriores, encabezado por Gerardo Werthein, subrayó que esta acción forma parte de una serie de crímenes de lesa humanidad que ocurren regularmente en Venezuela. La Cancillería asegura que el caso de Gallo está bajo la jurisdicción de la Corte Penal Internacional y que utilizarán todos los recursos diplomáticos y legales disponibles para garantizar la liberación del gendarme y exigir justicia.

Rechazo a las acusaciones del régimen chavista

En medio de un clima de creciente tensión diplomática entre ambos países, la Fiscalía venezolana acusó a Gallo de intentar ingresar de manera irregular al país bajo la excusa de una "visita sentimental", y lo vinculó a un supuesto plan terrorista. Sin embargo, desde la Casa Rosada, el gobierno argentino negó rotundamente las acusaciones y sostuvo que Gallo no formaba parte de ninguna conspiración. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, afirmó que "todo es mentira" y reafirmó el compromiso de Argentina por la liberación del gendarme.