El Gobierno de Donald Trump enfrenta una demanda de más de una veintena de estados, que exigen la revocación de una reciente decisión administrativa que afecta a miles de empleados del Departamento de Educación de EE. UU. Los fiscales generales argumentan que la medida, que reduce en un 50% el personal del departamento, compromete funciones clave establecidas por la ley y ocasiona graves perjuicios a los sistemas educativos a nivel nacional.

La demanda fue presentada ante una corte federal en Massachusetts el pasado jueves, luego de que el gobierno anunciara, el martes, la baja administrativa de aproximadamente 2.000 empleados del Departamento de Educación. Esta acción, alineada con la política de recorte de la administración Trump, busca reducir sustancialmente el tamaño de la administración pública en Estados Unidos.

Según el texto de la demanda, la decisión tomada por la secretaria de Educación, Linda McMahon, anula funciones esenciales del Departamento, cuyas responsabilidades están claramente definidas por la legislación estadounidense. Esto impacta directamente en los programas educativos que los estados implementaron para la mejora del sistema educativo.

La reducción de personal, que dejó al Departamento de Educación con 2.183 empleados en lugar de los 4.133 anteriores, incluye la salida de cerca de 600 trabajadores que aceptaron renuncias voluntarias y jubilaciones. Los 1.400 empleados restantes serán colocados en baja administrativa a partir del 21 de marzo, continuando con su salario y beneficios hasta el 9 de junio, y recibirán una indemnización al término de sus contratos.

Este recorte ocurre en un contexto más amplio de medidas que la administración de Trump podría implementar, incluida una posible orden ejecutiva para desmantelar el Departamento de Educación. Según informes de The Wall Street Journal, esta iniciativa sería un paso en el cumplimiento de una promesa de campaña del presidente Trump para reducir la intervención federal en la educación, otorgando más control a los estados.

La sede del Departamento de Educación amaneció cerrada el miércoles, luego de la orden del presidente Trump. La presencia de guardias de seguridad y algunos manifestantes fue lo único visible en las oficinas, tras una protesta organizada inmediatamente después del anuncio de la medida.