Este domingo, alrededor de 2000 salvadoreños se reunieron en San Salvador para exigir la liberación de sus seres queridos, a quienes consideran víctimas de detenciones arbitrarias en el marco de la "guerra contra las pandillas" declarada por el presidente Nayib Bukele en 2022. Los manifestantes, portando fotos y pancartas de los detenidos, marcharon desde el parque Cuscatlán hasta el centro de la capital sin incidentes.

Sebastiana Avelar, una ama de casa de 54 años, expresó su desesperación: "Pido la libertad para mi esposo y mi hijo, porque los han capturado injustamente, pues ellos no deben nada, no son unos delincuentes, ni son criminales". Su esposo, Marcos Avelar, de 57 años, fue capturado el 29 de julio de 2022, y su hijo, Manuel Ernesto Avelar, de 24, el 13 de marzo de 2023. "Es desesperante vivir sin saber cómo están", añadió, refiriéndose a la prohibición de visitas en los penales.

Impacto de la Política de Seguridad

El presidente Bukele inició su ofensiva contra las pandillas el 27 de marzo de 2022, permitiendo detenciones sin orden judicial bajo un régimen de excepción. Desde entonces, se han arrestado a 84.260 personas. El 12 de noviembre, Bukele informó que aproximadamente 8000 personas inocentes fueron liberadas, aunque el fiscal general Rodolfo Delgado aclaró que estas personas están libres con medidas cautelares mientras continúan sus procesos legales.

Samuel Ramírez, coordinador del Movimiento de Víctimas del Régimen de Excepción (MOVIR), criticó el uso del régimen: "El régimen (de excepción) ya no es para combatir a las pandillas, el régimen es para someter al pueblo para que no se manifieste por sus reivindicaciones".

Consecuencias y Críticas

La implementación de estas medidas ha llevado a una drástica reducción de los homicidios en El Salvador, bajando a 1,9 asesinatos por cada 100.000 habitantes en 2024, el índice más bajo de América Latina. Sin embargo, esto no ha estado exento de críticas. Organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional han denunciado "detenciones indiscriminadas" y han reportado más de 350 muertes bajo custodia estatal, cuestionando la legalidad y los métodos utilizados en esta cruzada contra la violencia.