El gobierno de Donald Trump impuso sanciones contra la ex presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner y el ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, debido a las causas de corrupción en las que ambos están involucrados. La medida, anunciada por el secretario de Estado Marco Rubio, incluye la prohibición de ingreso a Estados Unidos tanto para ellos como para sus familiares directos.

Acusaciones de corrupción y desvío de fondos públicos

Según el comunicado oficial del Departamento de Estado, Kirchner y De Vido "abusaron de sus cargos al orquestar y beneficiarse económicamente de múltiples tramas de soborno relacionadas con contratos de obras públicas, lo que resultó en el robo de millones de dólares al gobierno argentino".

Las autoridades estadounidenses remarcaron que "múltiples tribunales los han condenado por corrupción, socavando la confianza del pueblo argentino y de los inversores en el futuro del país".

La sanción alcanza a familiares directos

Además de los ex funcionarios, la prohibición de ingreso a EE.UU. también afecta a sus familiares directos. Entre ellos, el diputado nacional Máximo Kirchner y su hermana Florencia Kirchner, así como Alessandra Minnicelli, esposa de Julio De Vido.

"Estados Unidos seguirá promoviendo la rendición de cuentas de quienes abusan del poder público para beneficio propio", destacó el Departamento de Estado en su comunicado. "Estas designaciones reafirman nuestro compromiso de combatir la corrupción global, incluso en los más altos niveles de gobierno".

Fundamentos legales de la medida

Las sanciones fueron aplicadas en virtud de la Sección 7031(c) de la Ley de Asignaciones para Operaciones Extranjeras y Programas Relacionados del Departamento de Estado de 2024. Esta legislación permite al Secretario de Estado designar a funcionarios extranjeros y sus familiares directos cuando haya "información fidedigna de participación en actos de corrupción significativa o en una grave violación de los derechos humanos".

Con esta decisión, el gobierno estadounidense refuerza su postura en la lucha contra la corrupción y limita el acceso al país de exfuncionarios implicados en escándalos de desvío de fondos públicos.