La justicia boliviana presentó una imputación formal contra el expresidente Evo Morales por el delito de trata de personas agravada y estupro tras las denuncias de abuso sexual de una menor de 15 años. Según la fiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, el exmandatario estaría involucrado con una adolescente, a la que presuntamente habría explotado sexualmente, además de tener un hijo con ella. La madre de la víctima, Idelsa Pozo Saavedra, también fue imputada por complicidad en el hecho, al parecer por haber entregado a su hija a Morales a cambio de favores.

La acusación y la complicidad parental

La denuncia señala que los padres de la menor habrían lucrado con su hija, entregándola al expresidente Morales con la intención de recibir beneficios. El caso involucra a un grupo juvenil denominado "Generación Evo", creado por Morales durante su Presidencia, al que supuestamente pertenecía la víctima. En este contexto, la fiscal Gutiérrez también solicitó una alerta migratoria para el exmandatario, quien se encuentra actualmente en la región del Chapare, un feudo político y sindical que le otorga una importante protección.

La búsqueda de Morales y los bloqueos

El 16 de octubre, una orden de arresto fue emitida contra Morales, pero la Policía Boliviana no pudo ejecutarla debido a que el expresidente se encuentra "atrincherado" en su bastión del Chapare. La fiscal explicó que la policía intentó localizarlo en su domicilio de la población Villa 14 de Septiembre, en el Chapare, pero no se encontraba allí. A pesar de varios intentos de búsqueda y vigilancia, Morales sigue evadiendo a la justicia.

En medio de este proceso, los seguidores del exmandatario organizaron bloqueos de carreteras en el centro de Bolivia, que duraron hasta 20 días, con el fin de evitar su detención. Estos bloqueos fueron descritos por la fiscal como una de las razones por las cuales la Policía no pudo ingresar a la zona, además de la necesidad de proteger a los agentes de seguridad, que fueron atacados durante las protestas.

"La ejecución de la orden de aprehensión enfrenta riesgos técnicos y operativos significativos", señaló un informe de la Policía leído por la fiscal Gutiérrez.

La crisis en la Fiscalía y la denuncia política

Este caso tuvo una serie de contratiempos políticos. En octubre, la fiscal Gutiérrez fue apartada de su cargo por el entonces fiscal general, Juan Lanchipa, quien frenó una orden de captura contra Morales. Sin embargo, Gutiérrez fue restituida en su puesto pocos días después, y Lanchipa renunció como fiscal general en medio de la controversia. La fiscal negó que se trate de una cuestión política y enfatizó que se están protegiendo los derechos de la víctima, que fue ultrajada con el consentimiento de sus padres.

"Acá no hay nada político, estamos resguardando los derechos de una persona que ha sido ultrajada, con el visto bueno de sus padres", sostuvo Gutiérrez.

El caso contra Morales cruzó fronteras. En Argentina, se abrió una investigación judicial en 2019, cuando Morales fue refugiado en ese país por el entonces presidente Alberto Fernández. La denuncia también incluye delitos de trata de personas y abuso sexual cometidos en territorio argentino durante su estadía. Sin embargo, el estatus de refugiado fue revocado por el actual presidente Javier Milei, lo que abrió la puerta a nuevas acciones judiciales en ese país.