El expresidente de la Nación, Alberto Fernández, solicitó este martes que la causa por violencia de género que lo involucra sea trasladada del fuero federal al fuero porteño. A través de un escrito presentado por su abogada, Silvina Carreira, Fernández pidió que el expediente sea tratado en la Justicia Contravencional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, argumentando que no existen razones federales para que el juez federal Julián Ercolini siga interviniendo en el caso.

El planteo de incompetencia, que fue presentado ante el juez Ercolini, no suspende la indagatoria, que está prevista para mañana a las 11:00. En esa audiencia, el exmandatario deberá responder por las acusaciones de lesiones leves, lesiones graves doblemente agravadas por el vínculo y la cuestión de género, y amenazas coactivas. La defensa de Fernández había presentado previamente un planteo de incompetencia para que el caso se tramitara en la justicia federal de San Isidro, pero dicha solicitud fue rechazada.

La abogada de Fernández fundamentó su solicitud en el hecho de que los supuestos actos de violencia habrían ocurrido en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, específicamente en el departamento de Puerto Madero y la Quinta de Olivos. De esta forma, la defensa considera que la causa debe ser tratada por la Justicia Contravencional porteña.

El expresidente está acusado de agredir física y psicológicamente a Fabiola Yáñez, su ex pareja, desde el año 2016 hasta el 2024, año en que la víctima inició la acción penal. Según la acusación, Fernández aprovechó su poder en la relación para ejercer violencia continua y habitual, en forma de golpes, hostigamientos y manipulaciones psicológicas.

El fiscal Ramiro González y la abogada querellante de Yáñez, Mariana Gallego, ya fueron notificados sobre este planteo de incompetencia. El juez Ercolini espera los dictámenes tanto del fiscal como de la querella para resolver el incidente. Sin embargo, la indagatoria de Fernández sigue siendo firme para mañana.

La acusación contra Fernández incluye hechos de violencia física y psicológica, con episodios de agresiones en momentos en que Yáñez intentó abandonar la convivencia en el departamento que compartían. La resolución que ordenó la indagatoria, firmada por el juez Ercolini, remarcó que la violencia de género ejercida por el expresidente se dio en un contexto de poder asimétrico en su relación con Yáñez.

Los cargos contra Fernández son graves, ya que la acusación podría implicar una pena de hasta 18 años de prisión en caso de ser condenado.