Argentina rechazó las órdenes de detención contra Netanyahu
El gobierno argentino expresó su desacuerdo con la Corte Penal Internacional (CPI) por las órdenes de arresto emitidas contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el exministro de Defensa Yoav Gallant.
A través de un comunicado oficial, el presidente Javier Milei manifestó el rechazo de Argentina a las órdenes de arresto emitidas por la CPI, las cuales acusan a Netanyahu y Gallant de crímenes de guerra y lesa humanidad en la Franja de Gaza desde octubre del año pasado. El gobierno argentino subrayó que esta resolución no considera las agresiones sufridas por Israel, a manos de grupos como Hamas y Hezbolá, y criticó la criminalización de la defensa legítima de una nación.
"Israel enfrenta una agresión brutal, la toma de rehenes y ataques indiscriminados contra su población. Es un error judicializar el derecho a la defensa ante estos ataques terroristas", expresó el presidente Milei.
Rechazo Internacional y Apoyo a Israel
Milei también hizo un llamado a la comunidad internacional para que condene las acciones de Hamas y Hezbolá, reafirmando el derecho de Israel a proteger a su población. En ese contexto, el presidente argentino solicitó una respuesta imparcial y equitativa en la búsqueda de una solución pacífica para la región.
Por otro lado, tanto Netanyahu como otros líderes israelíes y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, criticaron las órdenes de arresto como injustas, defendiendo el derecho de Israel a actuar frente a las amenazas de los grupos terroristas.
Implicaciones de la Decisión de la CPI
La Corte Penal Internacional emitió las órdenes de arresto contra Netanyahu, Gallant y Mohammed Deif, líder de Hamas, acusándolos de crímenes de guerra. Sin embargo, dado que Israel y Estados Unidos no son miembros de la CPI, las implicancias prácticas de la decisión son limitadas. La CPI depende de la cooperación de sus estados miembros para hacer cumplir las órdenes de arresto, lo que complica aún más la posibilidad de que los acusados comparezcan ante la Corte.
A pesar de estas órdenes, la detención de los sospechosos sigue siendo poco probable, ya que el tribunal no tiene fuerzas policiales propias para ejecutar arrestos, dependiendo de la cooperación de los países miembros para hacerlo.