La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) anunció un paro de 36 horas que comenzará el 29 de octubre. La medida fue votada de manera unánime por el Plenario del sindicato y tendrá como epicentro una movilización al Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, dirigido por Federico Sturzenegger. Según informó el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, el objetivo principal es exigir la reapertura de las paritarias y frenar los despidos en la administración pública.

Aguiar expresó a través de un comunicado en su cuenta de X: "Los salarios de los estatales ya no alcanzan para garantizar una vida", y acusó al Gobierno de "abrazarse a la casta" y de perder apoyo popular. En su mensaje, hizo especial hincapié en la necesidad de mantener la lucha en las calles y señaló a Sturzenegger como el responsable de las políticas que afectan a los trabajadores del Estado.

Principales reclamos de ATE

El paro y la movilización no solo apuntan a la reapertura de paritarias, sino también a frenar los despidos y denunciar las irregularidades en la reglamentación de la Ley Bases. Los trabajadores denuncian que las paritarias actuales están un 34% por debajo de la inflación, lo que provocó que más del 75% de los empleados públicos perciban ingresos por debajo de la línea de pobreza.

Protestas en rutas nacionales

Desde ATE también adelantaron que durante la jornada de paro no se descartan cortes y protestas en las principales rutas del país. Además, en los días previos, se realizarán asambleas en todo el territorio nacional para coordinar la adhesión de los distintos organismos estatales a la medida de fuerza.

La medida de fuerza de ATE se anunció pocos días después de que el Gobierno comunicara que someterá a 40.000 empleados públicos a exámenes para renovar sus contratos. El vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó que las pruebas se realizarán de forma online en diciembre, en el marco del decreto reglamentario de la Ley Bases, que regula el empleo público.

Esta decisión fue duramente criticada por Aguiar, quien calificó los exámenes como "un invento trucho e ilegal que consolida el fraude laboral en el Estado". El líder gremial destacó que los únicos procesos de evaluación válidos son los contemplados en el Convenio Colectivo de Trabajo vigente para la Administración Pública Nacional.