El Gobierno avanza en su intento de establecer un diálogo social con la Confederación General del Trabajo (CGT) y los empresarios, aunque todavía enfrenta obstáculos significativos. Tras reuniones con ambos sectores, el secretario de Trabajo, Julio Cordero, espera que la próxima semana se reúna una mesa técnica para consensuar el decreto reglamentario de la reforma laboral. En la semana siguiente, se proyecta que representantes oficiales, gremiales y empresariales inauguren una instancia tripartita para acordar una agenda de temas.

En los últimos encuentros, Cordero presentó las agendas de cada sector al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y planea replicar este diálogo en cada provincia si se logran avances. Los empresarios del Grupo de los Seis (G6) manifestaron su intención de abordar propuestas laborales incluidas en el DNU 70, que fueron excluidas de la Ley Bases, lo que ha generado preocupación en la CGT, que logró frenar dichas propuestas en la Justicia hace siete meses.

PUNTOS DE NEGOCIACIÓN

Daniel Funes de Rioja, titular de la Unión Industrial Argentina (UIA), declaró tras la reunión con Cordero que se convocará a una mesa tripartita para formar una agenda consensuada, la cual incluirá la reglamentación de la reforma laboral y otros temas de interés para ambas partes. Funes de Rioja enfatizó la diversidad de temas según los sectores y la necesidad de una agenda tripartita que aborde regulaciones, convenios colectivos y metodologías de trabajo en diversas industrias.

Por su parte, la CGT convocó a su Consejo Directivo para debatir sus próximos pasos. El sector dialoguista de la CGT está decidido a sumarse al diálogo social y a postergar medidas de fuerza en espera de avances en las negociaciones tripartitas. La fracción más dura, compuesta por moyanistas y kirchneristas, no se opondrá al diálogo pero continuará su ofensiva contra el Impuesto a las Ganancias y propondrá una movilización.

El sector moderado de la CGT buscará alcanzar acuerdos sobre temas económicos clave, como la reducción de la inflación y una política de ingresos y empleo. Gerardo Martínez, secretario de Relaciones Internacionales de la CGT, destacó la importancia de una política de ingresos y un plan de producción y trabajo.

Entre las propuestas de la CGT incluidas en su "Agenda para un Nuevo Contrato Social", figuran el desarrollo de una normativa de accidentes laborales, una ley del primer empleo con beneficios impositivos para pymes, una reforma del sistema de inspección laboral y un programa nacional contra el trabajo precario y infantil.

Las entidades empresariales, por su parte, ajustan sus planteos para la negociación tripartita. La Cámara Argentina de Comercio (CAC) ha presentado una carta a Cordero enumerando cuestiones a tratar, como la actualización de créditos laborales, la reglamentación del nuevo sistema indemnizatorio, la digitalización de recibos de haberes, la corrección de la Ley de Teletrabajo y la inclusión de conceptos de productividad y formación profesional.

Antes de avanzar en estas discusiones, la mesa técnica tripartita deberá consensuar la reglamentación de la reforma laboral. Las discrepancias son profundas: la CGT busca atenuar artículos que penalizan los bloqueos sindicales y crean la figura del trabajador independiente, mientras que las entidades del G6 defienden la reforma en su totalidad, aunque discrepan con el recorte de 42 artículos aceptado por el Gobierno.

Pablo Moyano, líder opositor de la CGT, criticó los intentos de acuerdo con el Gobierno, mientras que Andrés Rodríguez (UPCN), mostró una postura más conciliadora y destacó que si el diálogo no da resultados, recurrirán al conflicto.