Avanza el proyecto de Acceso a la Información Pública en la Legislatura y habrá dos comisiones

La Legislatura tucumana inició el tratamiento del proyecto de ley enviado por el gobernador Osvaldo Jaldo, que busca regular el derecho de acceso a la información pública en la provincia. La iniciativa fue remitida a las comisiones de Legislación General, presidida por Gerónimo Vargas Aignasse, y de Asuntos Constitucionales e Institucionales, liderada por Javier Noguera. Estos grupos cuentan con mayoría de legisladores oficialistas, aunque en cada comisión hay también representación de la oposición. 

En el ámbito legislativo existe una intención de unificar la discusión de esta normativa en un plenario conjunto de las comisiones involucradas. Esta estrategia, similar a los plenarios del Congreso de la Nación, busca evitar la emisión de dictámenes distintos que podrían retrasar la aprobación del proyecto. Sin plazos establecidos para la sanción de la normativa, los legisladores tendrán la responsabilidad de analizar a fondo el proyecto y los demás antecedentes, pues ya existen al menos seis propuestas similares de diferentes bloques de la oposición. 

Claves del proyecto de ley

La propuesta enviada por el Poder Ejecutivo abarca a los tres poderes del Estado, así como a municipios, comunas rurales, entes autárquicos y otros organismos donde el Estado provincial tenga participación. Los "sujetos obligados" deberán designar un funcionario encargado de aplicar la normativa y responder solicitudes de información. Estas podrán presentarse por escrito, en formato digital o a través de correo electrónico, sin que se exija justificar el motivo de la solicitud. No obstante, existen ciertas excepciones, como información clasificada de seguridad, datos industriales y financieros sensibles, y temas relaciones con el derecho a la intimidad. 

El proyecto ha generado opiniones variadas en cuanto a su efectividad. Según Marcelo Giullitti Oliva, abogado de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la normativa propuesta representa un avance hacia la transparencia, aunque presenta deficiencias, como la falta de un órgano de control independiente y un "test de interés público" para evaluar si ciertos datos deben revelarse en situaciones específicas. Por otro lado, la fiscala de Estado Gilda Pedicone considera que el proyecto es amplio y eficaz al delegar en cada poder del Estado la responsabilidad de responder los pedidos de información.