La Justicia porteña ordenó al Servicio Penitenciario Federal (SPF) recibir a más de 400 presos condenados que actualmente están alojados en comisarías y alcaldías de la Ciudad de Buenos Aires. Esta decisión profundizó el enfrentamiento entre el alcalde porteño, Jorge Macri, y la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, en medio de las negociaciones por la transferencia del servicio penitenciario a la órbita de la Ciudad.

Desde la administración porteña reclaman medidas urgentes para descomprimir las comisarías y evitar nuevas fugas. Alegan que el Gobierno Nacional no traslada la cantidad suficiente de detenidos, lo que agrava la situación en los calabozos de la Policía de la Ciudad.

La respuesta de Bullrich: "No aceptaremos coerciones"

La ministra de Seguridad reaccionó con dureza al fallo del juez Norberto Circo, a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Penal Contravencional y de Faltas N°23. En una carta dirigida a Jorge Macri, Bullrich calificó la resolución judicial como "una aberración jurídica" y acusó al gobierno porteño de filtrar información falsa para forzar el ingreso masivo de presos al SPF.

"En la gran mayoría de las jurisdicciones provinciales hay exceso de presos en comisarías, pero no a todas se les escapan presos todas las semanas", disparó Bullrich, en alusión a las recientes fugas ocurridas en la Ciudad.

Además, la ministra destacó que el SPF recibe actualmente 90 presos semanales de CABA -un 50% más de lo que establece la obligación legal- y que ofrecieron 100 plazas en el interior del país y un cupo especial de 50 lugares para ofensores sexuales, pero la Ciudad solo utiliza el cupo de 90 plazas.

Marcos Paz: la cárcel que aún no se entrega

Bullrich también apuntó contra el retraso en la finalización del Complejo Penitenciario Federal de Marcos Paz, que podría albergar a 2.240 internos. Según la ministra, la obra debía estar lista en 2020, pero por "decisión política" del gobierno porteño, sigue inconclusa.

"El 10 de abril de 2024, ofrecimos a la Ciudad construir módulos para alojar a 400 presos con la posibilidad de extender a 1.000, haciéndose cargo del 50% del costo de mantenimiento. Esa propuesta ni siquiera fue contestada", reveló Bullrich.

La funcionaria advirtió que la negativa del gobierno porteño a asumir responsabilidades está afectando la transferencia del sistema penitenciario y concluyó: "Hace 9 años podrían haber creado su propio Servicio Penitenciario. La mora es propia de una administración que no se hace cargo de los presos que su política de seguridad genera".