La fiscalía solicitó a la Corte Suprema de Justicia que eleve a 12 años la pena contra Cristina Kirchner, en el marco del caso Vialidad. Esta solicitud surge luego de que la Cámara de Casación haya ratificado parcialmente la condena, pero la fiscalía argumenta que la sentencia debe ser más severa. El proceso sigue su curso con diversas apelaciones y recursos, mientras las defensas buscan revocar las condenas.

El pedido de la fiscalía: 12 años por asociación ilícita

El fiscal Mario Villar presentó un recurso extraordinario ante la Cámara de Casación con el objetivo de que el caso de Cristina Kirchner llegue a la Corte Suprema. En su solicitud, Villar exige que la expresidenta reciba una pena de 12 años de prisión por asociación ilícita, además de fraude, por la presunta manipulación de contratos de obras públicas en favor de Lázaro Báez, un empresario cercano al kirchnerismo.

Villar explicó que la decisión de la Cámara de Casación de no incluir el delito de asociación ilícita fue errónea, argumentando que la absolución de varios acusados, incluyendo a la exmandataria, debe ser reconsiderada. En este sentido, la fiscalía sostiene que la interpretación del delito no fue correcta, y que los hechos probados dejan impunes una serie de acciones corruptas.

Las defensas apelan a la Corte: Piden la absolución de los acusados

Mientras la fiscalía insiste en la necesidad de agravar las penas, las defensas de los acusados, incluidos los empresarios y exfuncionarios involucrados, también han presentado sus propios recursos. Solicitan que las condenas sean revocadas y que los imputados sean absueltos. Argumentan que los fallos fueron injustos y que no existe prueba suficiente para condenar a los involucrados en el caso.

El tribunal de Casación, compuesto por los jueces Mariano Borinsky, Diego Barroetaveña y Gustavo Hornos, deberá decidir si acepta los recursos planteados y remite el caso a la Corte Suprema para su resolución definitiva.

Controversia sobre las pruebas y el decomiso de bienes

Uno de los puntos más discutidos en el proceso es el rechazo de ciertas pruebas, como las declaraciones de los arrepentidos José López, Carlos Wagner y Juan Chediack, que podrían haber aportado información clave sobre las maniobras de corrupción. La fiscalía ha criticado duramente la decisión de no incluir estas pruebas, asegurando que esto afectó gravemente la posibilidad de obtener una condena más justa.

Además, Villar insistió en que el decomiso de bienes derivados del fraude no fue adecuadamente considerado, solicitando que se actualice la cifra de $5.321 millones que, según el fiscal, deben ser incautados para compensar el perjuicio generado por los hechos ilícitos.