Con el apoyo de la UCR, el oficialismo evita el rechazo al decreto de aumento de fondos para la SIDE

Diputados de la Hacemos Coalición Federal, la UCR y la Coalición Cívica presentaron un pedido de sesión especial para el próximo jueves; el oficialismo había logrado evitar un dictamen de rechazo en la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo

Esta tarde, el oficialismo, gracias al respaldo de la UCR, logró evitar que se emitiera un dictamen de rechazo al decreto 656/24, emitido por el presidente Javier Milei, que incrementa en $100 mil millones los gastos reservados de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). En la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, los libertarios y sus aliados consiguieron aplazar el tratamiento del polémico decreto, aunque poco después, un grupo de diputados de diversas vertientes opositoras solicitó una sesión especial para rechazarlo directamente en el recinto.

El pedido de sesión especial fue impulsado por los diputados de Hacemos Coalición, incluyendo a Nicolás Massot, Emilio Monzó, Natalia De la Sota, Margarita Stolbizer, Mónica Fein, Alejandra Torres, y Carlos Gutiérrez. También cuenta con las firmas de los radicales más críticos del Gobierno, como Facundo Manes, Marcela Coli, Fernando Carbajal, Pablo Juliano, Manuel Aguirre, Jorge Rizzotti, y Pedro Galimberti, así como de Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica. Aunque el bloque de Unión por la Patria no firmó la solicitud, se espera que sus 99 integrantes den quorum.

Este movimiento opositor pone en una situación difícil al bloque de diputados de la UCR, que está dividido entre dialoguistas y críticos del Gobierno. Este bloque es clave para alcanzar el quorum. Recientemente, emitieron un documento crítico sobre el incremento presupuestario para la SIDE dispuesto por el Ejecutivo, expresando su preocupación por la falta de transparencia en el uso de estos fondos y criticando al Gobierno por evitar rendir cuentas sobre ellos. Sin embargo, en la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, los dos representantes radicales, Francisco Monti y Víctor Zimmermann, se alinearon con el oficialismo para posponer el debate hasta fin de mes.

La postura de estos dos legisladores expuso nuevamente las divisiones dentro del centenario partido. A diferencia del senador Martín Lousteau, líder del comité nacional y fuerte crítico del Gobierno, su colega Zimmermann se posiciona en el sector "dialoguista", en parte por lealtad a su gobernador, el chaqueño Leandro Zdero, quien depende del auxilio de fondos nacionales para gestionar la deuda heredada de la administración peronista. Esto explica por qué Zimmermann apoyó la estrategia oficialista, firmando el dictamen sobre la actualización de jubilaciones y colaborando en la postergación del debate sobre los fondos reservados de la SIDE.

El diputado Monti, por su parte, aunque fue uno de los más vocales en cuestionar el decreto, decidió moderar su postura para no distanciarse de Zimmermann, tras consultar con las autoridades de su bloque.

El apoyo de estos dos legisladores radicales fue un alivio para el oficialismo, que busca ganar tiempo y evitar que el decreto sea rechazado en la comisión bicameral. Sin embargo, este respiro podría ser breve si la oposición logra reunir el quorum necesario en la Cámara de Diputados para anular el decreto en la sesión del próximo jueves. Para entonces, habrán vencido los plazos legales establecidos por la ley 26.122, que regula el tratamiento de los decretos presidenciales, permitiendo que ambas cámaras puedan tratar el DNU de manera automática, pudiendo aprobarlo o derogarlo con una simple mayoría.

EL DEBATE

La reunión de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, presidida por el libertario Juan Carlos Pagotto, comenzó con los seis representantes kirchneristas exigiendo que se incluyan en el temario los tres últimos decretos emitidos por Milei, que se refieren a la reestructuración del sistema nacional de inteligencia (incluyendo la creación de la SIDE) y la asignación de $100 mil millones para gastos reservados. El oficialismo había omitido deliberadamente estos decretos, incluyendo solo los cinco primeros DNU de la gestión actual, además de varios decretos de las administraciones anteriores de Mauricio Macri y Alberto Fernández.

La diputada Carolina Gaillard afirmó: "Vamos a rechazar los tres decretos. No estamos en contra de una reestructuración del sistema de inteligencia, pero debe hacerse por medio de una ley del Congreso, no por un DNU". Además, cuestionó la legalidad del decreto sobre los gastos reservados, argumentando que la creación de un nuevo presupuesto para inteligencia es una atribución exclusiva del Congreso, no del Poder Ejecutivo.

El diputado Nicolás Massot, de Hacemos Coalición Federal, apoyó la postura del kirchnerismo, insistiendo en que la comisión debe dictaminar sobre los DNU dentro de los plazos establecidos.

Sin embargo, la mayoría conformada por el oficialismo, Pro, y la UCR rechazó la moción, dejando fuera del debate los decretos más recientes. Carlos Camau Espínola, de Peronismo Federal, fue el único ausente.

Pagotto sugirió que el tema sea tratado en la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos de Seguridad e Inteligencia, una estrategia que, como adelantó LA NACION, busca dilatar el debate y evitar el rechazo de los decretos. En este tiempo, el oficialismo intentará convencer a la oposición dialoguista de no rechazar los decretos, argumentando que el sistema de inteligencia necesita urgentemente un refuerzo presupuestario debido a las amenazas globales del terrorismo y el crimen organizado.

El diputado kirchnerista Leopoldo Moreau replicó que la Comisión Bicameral de Inteligencia solo ejerce un control posterior sobre los gastos reservados y que los fondos deben asignarse por ley de presupuesto. "No puede utilizarse esto como pretexto para evitar el tratamiento de los DNU. Los argumentos son inválidos", afirmó.

El oficialismo no pudo responder a estas críticas, ni explicar la demora en la constitución de la Comisión Bicameral de Inteligencia con sus nuevos miembros. Las miradas se dirigen hacia Santiago Caputo, asesor de Milei, quien promueve al senador peronista Edgardo Kueider, lo que podría generar un conflicto con Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, quien apoya al senador Martín Goerling.

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