En el marco de la causa Vialidad, Cristina Fernández de Kirchner presentó un recurso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación con el objetivo de lograr su absolución. Sin embargo, en caso de obtener un fallo adverso, la exmandataria anticipó que acudirá a organismos internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y, en segundo término, Amnistía Internacional.

Según trascendió, la defensa de Kirchner, liderada por el abogado Carlos Beraldi, sostiene que durante el proceso judicial se cometieron "graves violaciones a las garantías convencionales", lo que podría comprometer la responsabilidad del Estado argentino a nivel internacional.

Los argumentos de la defensa

Cristina Kirchner fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos por presuntas irregularidades en la adjudicación de obras viales al empresario Lázaro Báez, lo que habría generado una pérdida para el Estado de más de $85.000 millones.

Desde su entorno, aseguran que hubo una connivencia entre organismos oficiales, como la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Oficina Anticorrupción (OA), con jueces y fiscales durante el gobierno de Mauricio Macri. La defensa considera que esta relación pudo haber influido en la condena y lo incluirá como parte de la evidencia en su presentación ante la CIDH.

Asimismo, insisten en que la Justicia realizó una incorrecta interpretación de las pruebas, mencionando específicamente el decreto 54/2009, al que los magistrados le habrían atribuido irregularidades sin fundamentos sólidos. También cuestionan la falta de peritajes sobre los supuestos sobreprecios en las obras, lo que, según la defensa, deja en evidencia una sentencia arbitraria.

El impacto de la decisión de la Corte Suprema

El futuro de Cristina Kirchner depende en gran parte de lo que resuelva la Corte Suprema. Mientras la fiscalía, representada por Diego Luciani y Mario Villar, sostiene que se debe sumar la figura de asociación ilícita para extender la pena a 12 años, si la Corte habilita esta instancia, el proceso podría extenderse aún más, ya que la causa debería volver a un tribunal oral.

Además, la exvicepresidenta recusó al juez de la Corte Manuel García-Mansilla, designado por decreto por el gobierno de Javier Milei, argumentando que su nombramiento viola la Constitución Nacional. En su presentación, Kirchner citó declaraciones del propio Milei, quien recientemente aseguró que la expresidenta "terminará presa". Para la defensa, estos dichos afectan la imparcialidad del juez y refuerzan su planteo de que existe una persecución judicial en su contra.

Con este panorama, Cristina Kirchner se prepara para una batalla legal en instancias internacionales, buscando frenar cualquier intento de que la condena en su contra quede firme.