La reciente decisión del presidente Javier Milei de vetar la ley de financiamiento universitario generó un gran rechazo en el ámbito académico y político. Según estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), la ley habría implicado un costo fiscal significativo, que oscilaría entre $738.595 millones y $811.569 millones para lo que resta del año. Este monto representa aproximadamente 0,14 puntos del PBI, lo que pone de manifiesto el peso que tendría en el presupuesto nacional.

La norma vetada contemplaba una recomposición de fondos basada en la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec, además de un aumento en los salarios del personal docente y no docente para alcanzar niveles reales de diciembre de 2023. A pesar de su rechazo, la oposición espera que el Congreso pueda revisar la decisión en una próxima sesión.

La Casa Rosada justificó el veto argumentando que la ley no contaba con la previsión presupuestaria necesaria ni con recursos para su implementación. Según el decreto 879/2024, esta falta de financiamiento implicaría un gasto adicional que afectaría los objetivos de equilibrio fiscal del gobierno.

En respuesta, la comunidad universitaria salió a las calles para protestar, señalando que el ajuste en las transferencias ya es evidente. En los primeros ocho meses del año, los giros al sistema universitario se redujeron un 33,5%, lo que equivale a una caída de $746.585 millones, según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf).

Con el proyecto de Presupuesto 2025 aún en discusión, se prevé una disminución del 34,4% en el presupuesto universitario en comparación con 2023. La consultora Empiria advierte que las transferencias a universidades podrían alcanzar su menor nivel en 20 años, mientras que la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) destaca que la pérdida de poder adquisitivo acumulada de los docentes es del 9,2% desde diciembre.

La oposición, tras la masiva marcha en contra del veto, se moviliza para intentar revertir la decisión en el Congreso. Por su parte, el oficialismo se encuentra en negociaciones con el PRO para evitar un traspié legislativo que pueda afectar su imagen.