Diputados aprobó la ley que obliga a las escuelas a permanecer abiertas durante los días de paro

El proyecto busca asegurar la presencia de un mínimo de personal directivo, docente y no docente durante las huelgas. Ahora será remitido al Senado.

La Cámara de Diputados otorgó media sanción a un proyecto de ley que declara la educación como un "servicio estratégico esencial" y establece la obligación de que las escuelas permanezcan abiertas durante los días de paro, con una guardia mínima de personal que garantice el derecho a la educación de niños y adolescentes. Después de un extenso debate, la votación se llevó a cabo tanto en general como en particular, resultando en 131 votos a favor, 95 en contra y 2 abstenciones.

La iniciativa, impulsada por Alejandro Finocchiaro, presidente de la Comisión de Educación y ex ministro durante el gobierno de Cambiemos, contó con aportes de diputados radicales como Carla Carrizo, así como de la Coalición Cívica e Innovación Federal.

Entre las disposiciones del proyecto, se propone que el 30% del personal escolar permanezca en sus funciones durante los dos primeros días de huelga, para asegurar la continuidad de las clases. Si la huelga se extiende más allá de ese período, el porcentaje aumentaría al 50%. De esta forma, aunque se permitiría la realización de protestas, estas deberían llevarse a cabo dentro de los límites establecidos por la nueva normativa.


"Con este proyecto vamos a regular el derecho de huelga en la educación obligatoria, que es una cuestión federal. Aquí hay una colisión entre dos derechos: el de los docentes a realizar medidas de fuerza y el de los niños a recibir educación. Debemos encontrar un equilibrio. Ningún derecho constitucional es absoluto", afirmó Finocchiaro al presentar la propuesta.

Para garantizar el cumplimiento de la ley, uno de los artículos del proyecto estipula que, al inicio de cada año, los equipos de conducción de las escuelas deberán informar a las autoridades sobre la "nómina anual del personal docente y no docente que estará destinado a cumplir esta medida". Esto permitiría una planificación anticipada y evitaría la interrupción total del servicio educativo durante las huelgas.

Finocchiaro subrayó la necesidad del proyecto con datos sobre el sistema educativo: "La mitad de los chicos de tercer grado no entiende lo que lee, y en los sectores más vulnerables esa cifra asciende al 61%. Solo el 13% de los estudiantes termina la escuela secundaria en tiempo y forma".

Desde el bloque PRO, explicaron que la ley no pretende intervenir en situaciones como las ocurridas en provincias como Chubut o Santa Cruz, donde los docentes realizaron paros prolongados debido a la falta de pago de salarios. En cambio, el objetivo es limitar lo que consideran "paros políticos", refiriéndose a las huelgas convocadas por CTERA, que perciben más como acciones políticas que sindicales

En defensa del proyecto, la diputada del PRO, María Eugenia Vidal, argumentó: "No es cierto que esta sea una ley contra los docentes; en todo caso, será una ley contra los sindicatos que buscan extorsionar".

Por su parte, Silvia Lopesnato declaró: "Para nosotros, considerar la educación como una actividad estratégica esencial es una declaración sobre el tipo de sociedad en la que queremos vivir. Es reafirmar qué es lo importante, en qué creemos y por qué apostamos".

En contraste, los diputados de Unión por la Patria y del Frente de Izquierda expresaron su total rechazo al proyecto, argumentando que su único objetivo es restringir el derecho a huelga de los trabajadores.

Desde el peronismo, se planteó que las guardias mínimas propuestas en el proyecto no garantizan el servicio educativo: "En todo caso, resolverán un problema de guardería, que es más una solución para los adultos".

Germán Martínez, jefe de la bancada de Unión por la Patria, advirtió sobre el desfinanciamiento del sistema educativo y criticó a José Luis Espert, quien dijo que se invierte el dinero de la educación en "chucherías". "No estamos hablando de chucherías", replicó Martínez, mencionando los programas educativos que no reciben el presupuesto necesario para su implementación.

"Ahora, con este proyecto, pedimos a las autoridades de las escuelas que organicen lo que este proyecto viene a desorganizar", concluyó Martínez, subrayando que, aunque es necesario mejorar el sistema educativo, "este no es el camino".


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