En medio del conflicto salarial de los docentes universitarios, medidas de fuerza en todo el país, la Cámara de Diputados  dio media sanción al Proyecto de Ley de Financiamiento de Universidades Nacionales que procura garantizar el financiamiento de las universidades públicas. Se trata de un tema incluido a último momento por un acuerdo entre el oficialismo y la UCR. Sin ese acuerdo, el oficialismo no habría logrado el quórum para siquiera iniciar la sesión.

La cuestión del financiamiento universitario ya lleva varios meses de arrastre y tuvo como punto clímax de conflictividad el 23 de abril pasado en la masiva Marcha Nacional Universitaria para reclamar por la urgente recomposición de las partidas para gastos de funcionamiento y pago de salarios.

Esta iniciativa encomienda al Poder Ejecutivo a actualizar bimestralmente y por inflación los gastos salariales y de funcionamiento de las casas de altos estudios de manera retroactiva, desde enero de este año hasta el 31 de diciembre.

Los bloques llegaron al recinto sin un dictamen acordado. Luego de rechazar el dictamen de mayoría de Unión por la Patria, prosperó el dictamen de la UCR, que obtuvo 143 votos positivos frente a 77 negativos y una abstención. Para vencer el rechazo del oficialismo, el kirchnerismo avaló la iniciativa radical, aunque votó en contra del artículo 7 de la iniciativa, que establece los criterios para la distribución entre las universidades públicas de los montos presupuestarios a ser incrementados por la ley, de ser aprobada por el Senado.

QUÉ DICE EL DICTAMEN DE LA UCR

El dictamen de minoría, firmado por la UCR, Encuentro Federal, Coalición Cívica e Innovación Federal, y con Danya Tavela como autora principal. Este dictamen sugiere una actualización del presupuesto universitario basada en la inflación del año pasado, medida por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), y una indexación bimestral usando un coeficiente que combine un 50% de variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), 25% de la variación del dólar y otro 25% de las tarifas de servicios públicos. También propone una recomposición salarial para docentes y no docentes con base en el IPC, pero de manera subsidiaria a la paritaria colectiva.

En cuanto a la distribución del aporte del Estado para las instituciones universitarias establece que será en función del número de estudiantes ingresantes y alumnos en cada institución y el tipo de carrera ofrecida (grado y posgrado), las carreras estratégicas, el número de egresados, las áreas de vacancia, los hospitales y/o escuelas secundarias que posean a su cargo y la actividad científica, tecnológica y de extensión que posean. 

EL DEBATE

Uno de los primeros legisladores en tomar la palabra al debatir el proyecto fue el diputado de La Libertad Avanza José Luis Espert quien aclaró: "Es falso que el presidente Javier Milei no esté haciendo nada por la educación superior. De hecho, nuestro Gobierno está apoyando la educación superior".

En ese sentido, mencionó que la administración libertaria está "incrementando las partidas necesarias para que las universidades funcionen y funcionen bien". De esta manera, mencionó que "el crédito presupuestario vigente para la gestión 2024 es de 3.0 billones, osea el 120% exactamente, 10 puntos por encima de la inflación que el Gobierno proyecta para este año". "No hay ningún ajuste en la educación superior", aseguró.

La diputada radical Danya Tavela insistió con un dictamen de minoría y explicó: "Estamos incorporando la actualización por IPC desde diciembre 2023 a la actualidad para los salarios docentes universitarios y no universitarios, de manera subsidiaria a la celebración de la paritaria. Estamos además estableciendo la transparencia en la asignación de los recursos, incorporando a la Ley de Educación los criterios que forman el modelo de pauta".