El Gobierno aprovecha la condena de Cristina para negociar con los pliegos de la Corte Suprema

El Gobierno Nacional, tras la reciente confirmación de la condena de Cristina Kirchner por administración fraudulenta, decidió usar esta situación para presionar al oficialismo de Unión por la Patria (UxP) en la negociación de los pliegos pendientes para la Corte Suprema de Justicia. En el centro de la disputa están los nombres de los jueces propuestos para ampliar el máximo tribunal: Ariel Lijo, juez federal, y Manuel García-Mansilla, académico y especialista en derecho.

La Casa Rosada busca concretar este acuerdo antes de fin de año, con el objetivo de evitar que la Corte Suprema quede compuesta solo por tres jueces, tras la salida del magistrado Juan Carlos Maqueda a finales de diciembre. A cambio de la ampliación del tribunal y la inclusión de una mujer en la Corte, el Gobierno exige que los pliegos de sus candidatos sean aprobados por el Senado. Las negociaciones están siendo coordinadas por el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, quien se encarga de mantener el diálogo con el kirchnerismo y otros sectores políticos.

Condiciones para la Ampliación de la Corte Suprema

Según fuentes cercanas al Gobierno, la negociación por los pliegos de Lijo y García-Mansilla incluye un acuerdo con el kirchnerismo, aunque no sin condiciones. Desde el oficialismo sostienen que Lijo es el candidato elegido por el kirchnerismo, especialmente por su cercanía al juez Ricardo Lorenzetti, uno de los miembros más influyentes de la Corte Suprema. "No podemos dejar que facturen a Lijo como si fuera una imposición nuestra. Es un candidato que viene del kirchnerismo, no vamos a bajar a García Mansilla", declaró un funcionario de la Casa Rosada a TN.

En la Casa Rosada se insiste en que la negociación busca lograr la ampliación de la Corte antes de que finalice el año, y si no se alcanza un acuerdo formal con el Senado, se analiza la posibilidad de convocar a sesiones extraordinarias. 

Otra opción que se contempla es la designación de los nuevos jueces mediante un decreto presidencial durante el receso legislativo, lo que permitiría evitar la votación en el Senado.

La Estrategia Judicial y la Ficha Limpia

El oficialismo también se enfrenta a presiones del PRO, que impulsó el proyecto de "ficha limpia", que busca prohibir la candidatura de personas condenadas por delitos, en caso de que la Corte confirme el fallo contra Cristina Kirchner. A pesar de esta presión, el Gobierno dejó en claro que no intentará acelerar la discusión sobre esta iniciativa. Aunque votará a favor si el proyecto avanza, no intervendrá en la negociación de los votos, dado que el tema sigue siendo un punto sensible en la relación entre el kirchnerismo y la Casa Rosada.

Además, en el marco de la negociación por los pliegos de Lijo y García-Mansilla, el Gobierno está trabajando en la propuesta de nombrar a 150 nuevos jueces para cubrir vacantes en los tribunales subrogados. Esta iniciativa también incluye el pliego para la designación del nuevo Procurador General de la Nación, lo que podría ampliar el alcance de los acuerdos políticos en torno a la Corte Suprema.

Cambios en la Lista de Candidatos Judiciales

Otro aspecto clave de las negociaciones es el cambio de algunos de los candidatos judiciales que habían sido inicialmente propuestos. La Casa Rosada mantuvo conversaciones con los gobernadores para ajustar esta lista, y se espera que los pliegos de los jueces sean enviados al Senado en tandas, a razón de 20 cada vez. Además, el oficialismo está trabajando en estrecha colaboración con el radicalismo, a través de figuras como el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, y el asesor Santiago Caputo, quienes facilitan el diálogo con el sector de la UCR.