El Gobierno aseguró que no cuenta con el material de las cámaras de Seguridad de la Quinta de Olivos

En medio de la causa por violencia de género contra Alberto Fernández, el Ejecutivo asegura que no cuenta con los videos solicitados por la Justicia.

El Gobierno Nacional aseguró que no dispone de las grabaciones de las cámaras de seguridad de la Quinta de Olivos correspondientes al período entre abril y agosto de 2021, en respuesta al pedido del fiscal Ramiro González. Este requerimiento se realizó en el marco de la denuncia de violencia de género presentada por Fabiola Yañez contra el expresidente Alberto Fernández.

Según un alto funcionario, "no hay registro de las cámaras de Olivos porque no se genera archivo. Lo último que hay de filmaciones es de mayo de este año". La falta de estas grabaciones generó preocupación en la investigación, ya que Yañez acusa al exmandatario de haberla agredido físicamente en esos meses. El fiscal González había solicitado específicamente los videos de las zonas internas, alrededor del chalet presidencial y de la casa de huéspedes.

La responsabilidad de responder a este pedido recae en Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, bajo cuya órbita se encuentra Casa Militar. Según fuentes oficiales, las cámaras de seguridad en Olivos son coordinadas por el Centro de Operaciones de Seguridad (COS), y el mantenimiento está a cargo de la empresa Automation Systems, cuyo contrato fue renovado en marzo por $30.360.000.

El Gobierno argumenta que el sistema de almacenamiento de las cámaras en Olivos tiene una capacidad limitada, con un disco rígido que solo conserva grabaciones por un período de entre uno y tres meses. "La cámara elimina automáticamente todo registro cuando llega al límite de almacenamiento. Funcionan de esa forma y está prestablecido para que puedan seguir grabando", explicó la misma fuente.

Ante la ausencia de los videos, el Ejecutivo se comprometió a entregar a la Justicia los registros de ingreso del personal doméstico del chalet y de la casa de huéspedes, así como los ingresos del exdirector de la Unidad Médica Presidencial, Federico Saavedra.

Por otro lado, la Justicia ordenó investigar las llamadas telefónicas entre Yañez y Fernández desde 2016 hasta 2023 y citó a declarar a varios testigos clave, incluyendo a la exsecretaria privada de Alberto Fernández, María Cantero, al exintendente de la Quinta de Olivos, Daniel Rodríguez, y a la madre de Yañez, Miriam Yañez Verdugo.

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