La Casa Rosada tiene listo el decreto para nombrar a Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla como jueces, pero intentará nuevamente conseguir la aprobación del Senado en las sesiones extraordinarias previstas para febrero. Según fuentes cercanas, el texto ya fue revisado por María Ibarzabal, secretaria de Planeamiento Estratégico.

El Gobierno sigue negociando con gobernadores y mantiene la estrategia de enviar los pliegos al Congreso, descartando una designación por decreto para 150 jueces federales. Estas designaciones forman parte de un delicado entramado político que incluye discusiones sobre una posible ampliación de la Corte Suprema.

Tensión con la Corte Suprema

El reciente fallo de la Corte Suprema que limita la reelección del gobernador Gildo Insfrán generó incomodidad en el Ejecutivo. Desde Balcarce 50 consideran que la resolución tiene un trasfondo político y cuestionan la intervención del máximo tribunal en asuntos electorales provinciales.

"El fallo está mal fundado y es político. Si hacen todo mal, el pueblo va a ir a buscarlos", expresaron fuentes oficiales. A pesar de la tensión, el Gobierno no planea pronunciarse sobre la acordada de la Corte que establece mecanismos para la elección de conjueces con solo tres integrantes en funciones, aunque remarcaron que no están de acuerdo con este modelo de trabajo.

Negociaciones internas y con el kirchnerismo

El Ejecutivo busca avanzar en acuerdos internos, pero reconocen que las negociaciones con el kirchnerismo se han estancado. Los cercanos al presidente confirmaron que la Casa Rosada no tomará acciones respecto a la acordada de la Corte, pero consideran que el tribunal no puede funcionar eficientemente con solo tres jueces.

Un alto funcionario declaró: "La acordada era lo que esperábamos y no la entendimos como un ataque. No tiene que ver con nosotros, pero no coincidimos en que sea una solución viable".