El Gobierno criticó a los gremios universitarios: "La manifestación es política"
En un comunicado, el Ministerio de Capital Humano defendió la gestión educativa y aseguró que todos los reclamos fueron atendidos, a medida que se aproxima la marcha universitaria del 2 de octubre.
El Gobierno de Javier Milei salió al paso de los reclamos de los gremios universitarios que convocaron a una marcha para el próximo 2 de octubre, calificando la manifestación como una movida política. En un comunicado emitido por el Ministerio de Capital Humano, afirmaron que los reclamos educativos "están todos atendidos y resueltos", instando a priorizar la educación sobre las confrontaciones políticas.
El Ministerio subrayó que nunca se desfinanció la educación universitaria pública y destacó el compromiso del Gobierno en este ámbito, señalando que se asignaron más de $192 mil millones para gastos de funcionamiento, lo que representa un aumento del 270%. Asimismo, se informó que otorgaron aumentos salariales por encima de las pautas establecidas a nivel nacional.
Los funcionarios también presentaron cifras sobre los salarios de los docentes, afirmando que los maestros de dedicación exclusiva ganan cerca de $1,4 millones mensuales y los no docentes con antigüedad alrededor de $1 millón, ambos muy por encima de la Canasta Básica Total. "Esto significa que no existe pobreza entre estos sectores", insistieron.
El comunicado también destacó que la reciente movilización surge tras el rechazo de los sindicatos a una propuesta de aumento salarial adicional del 6,8% para octubre, lo que, según el Gobierno, pone en riesgo la educación de miles de estudiantes y prioriza el conflicto por sobre la solución. "No hay interés en resolver el conflicto; se trata de una postura política promovida por los gremios universitarios", recalcaron.
Finalmente, el Ministerio cuestionó la administración de los fondos en las universidades, argumentando que, a pesar de recibir significativas transferencias, estos recursos no se destinan adecuadamente a mejorar la calidad educativa. También se hizo hincapié en la falta de auditorías efectivas en las universidades, especialmente en la UBA, donde el 89% de los fondos transferidos entre 2015 y 2022 aún no fueron rendidos.