El Gobierno de CABA prohíbe a docentes hablar de política, religión y sexualidad en clase
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires impuso restricciones a los docentes, prohibiéndoles abordar temas como política, religión y sexualidad en el aula.
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires oficializó un reglamento interno que prohíbe a los docentes expresar opiniones sobre temas como religión, política, sexualidad, género y etnia durante las clases. La medida, enviada a las escuelas, ha generado fuertes críticas por parte de gremios y legisladores, quienes la consideran un intento de censura y control ideológico.
El documento establece que los docentes no pueden "expresar, durante el desarrollo de las clases, opiniones o adoptar conductas de manera intencionada que pudieran influir, confundir y/o afectar a los menores en temas relacionados con religión, sexualidad, género, etnia, política partidaria u otros de similar relevancia". Además, si estos temas surgen por iniciativa de los estudiantes, los docentes deben informar al equipo directivo para que intervengan especialistas.
Reacciones y críticas a la medida
La secretaria general del gremio Ademys, Amanda Martín, fue una de las primeras en denunciar la medida. A través de redes sociales, compartió una captura del reglamento y lo calificó como un intento de "censura y control ideológico".
En el Congreso, la diputada nacional Vanina Biasi también expresó su rechazo, vinculando esta decisión con otras medidas recientes del Ejecutivo porteño. "Estamos en presencia de un proceso de persecución política e ideológica contra la docencia", afirmó Biasi, y criticó al jefe de Gobierno, Jorge Macri, por impulsar una normativa que, según ella, busca "disciplinar y censurar a los trabajadores de la educación".
El contexto: debate sobre la Educación Sexual Integral (ESI)
Esta decisión se enmarca en un creciente debate sobre el acceso a contenidos de Educación Sexual Integral (ESI). En enero, el Gobierno de la Ciudad ya había bloqueado material didáctico en los portales oficiales, argumentando que se realizaría una "revisión exhaustiva" del contenido.
Mientras el oficialismo defiende la medida como parte de una política de "neutralidad" en las aulas, los sectores críticos advierten sobre el impacto que puede tener en la formación de los estudiantes y en la libertad de cátedra de los docentes.