El Gobierno debe decidir sobre la reelección anticipada de "Chiqui" Tapia en la AFA

El Gobierno se encuentra en una encrucijada al tener que decidir si valida la reelección anticipada de Claudio "Chiqui" Tapia como presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Esta situación surge tras un pedido de suspensión presentado por Talleres de Córdoba ante la Inspección General de Justicia (IGJ), que cuestiona la convocatoria a elecciones programadas para el 17 de octubre, un año antes de lo previsto.

Conflicto en la AFA y la resistencia a las SAD

El club Talleres, que se posicionó a favor de la apertura a inversores y las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), argumenta que la asamblea del 30 de agosto, que aprobó la anticipación de las elecciones, limitó los derechos políticos de la oposición para presentar candidatos. En esta reunión, se otorgó un plazo de dos semanas para la presentación de listas, lo que generó críticas sobre la falta de transparencia y participación democrática.

La IGJ, que dio traslado a la AFA para que responda en un plazo de cinco días, tendrá que decidir si la asamblea es válida. Un fallo que invalide la reunión podría agudizar el conflicto entre el gobierno de Javier Milei y la actual dirigencia de la AFA, especialmente en relación a las SAD, que Tapia rechazó.

La postura del Gobierno y el futuro del fútbol argentino

La administración de Milei, que busca reformar el sistema futbolístico y atraer inversiones, ha visto en Talleres un aliado clave. El presidente del club, Andrés Fassi, mantiene una relación cercana con el mandatario, destacando la necesidad de que la liga argentina se eleve a los estándares de las principales competiciones del mundo. Durante un encuentro reciente en la Casa Rosada, Milei y Fassi discutieron sobre la profesionalización del fútbol y la autonomía de los clubes.

Sin embargo, el futuro de la AFA también está marcado por el controvertido decreto 1212, que otorga beneficios impositivos a la entidad y que el nuevo gobierno no está dispuesto a renovar. Este decreto, considerado un "privilegio" por la actual administración, es parte del contexto de tensión entre la AFA y el gobierno.