El Gobierno denunció que organizaciones piqueteras recibieron más de $500 millones destinados a comedores inexistentes

El Ministerio de Capital Humano presentó ante la Justicia nueva documentación sobre "comedores fantasma", que recibieron por parte del ex Ministerio de Desarrollo Social, alimentos y millonarios subsidios para asistir a personas vulnerables, pero al auditarlos se corroboró que no existen.

En total fueron $503.119.219 distribuidos en solo seis cooperativas, asociaciones civiles y fundaciones vinculadas a movimientos sociales que integran la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y piqueteras.

Los fondos, según se asegura en el escrito presentado en el juzgado federal de Ariel Lijo y la fiscalía de Ramiro González, no fueron rendidos, sino que fueron "reteniendo para sí o para terceros los fondos públicos, alterando el fin para el cual la administración los destinó".

En la denuncia, la subsecretaria Legal del Ministerio de Capital Humano, Leila Gianni, y el Director General de Asuntos Jurídicos, Ariel Romano, le explicaron al juez y al fiscal que las pruebas que aportan hacen referencia a las constancias de alimentos y subsidios que eran entregados por el entonces Ministerio de Desarrollo Social a diferentes organizaciones sociales que había preinscrito comedores en el Registro Nacional de Comedores y Merenderos (RENACOM) y que conforme las auditorías llevadas por el Ministerio de Capital Humano en el transcurso de este año se pudo verificar la inexistencia de los mismos.

Gianni y Romano informaron también que se pudieron identificar a los responsables de los delitos denunciados y que esos datos se desprenden de la firma del convenio, ya que cada organización declaraba la cantidad de comedores que tenía a su cargo.

Además, "se obligaba a registrar cada comedor/merendero ante el RENACOM e informar fehacientemente todo cambio en los datos de registro", como por ejemplo: cambios en la dirección, nombre o teléfono. Los dirigentes sociales también estaban obligados a destinar el dinero a alimentos, rescindir cuenta y mantener la trazabilidad de la entrega de los alimentos, un hecho que apenas sucedió en menos del 10% de los comedores y merenderos comunitarios.