El Gobierno argentino ha anunciado su intención de eliminar el financiamiento estatal para los tratamientos de cambio de género en personas mayores de edad. Esta decisión se hará efectiva mediante un decreto que estipula que "la salud pública no tenga la responsabilidad de mantener programas de hormonización". 

Esta medida se enmarca en un conjunto de acciones destinadas a reformar la agenda del movimiento LGBTQ+, especialmente después de la reciente marcha del sábado. "Es una medida que nos quedó afuera del anuncio sobre la prohibición de tratamientos en menores, pero que vamos a impulsar en el corto plazo", confirmaron desde el Gobierno Nacional.

Entre 2020 y 2023, el Ministerio de Salud destinó más de $848 millones para apoyar 548.662 terapias de hormonización. En detalle, se gastaron $110.923.738 en 2020 para 140.439 tratamientos, $153.941.853 en 2021 para 134.743, $229.543.082 en 2022 para 155.574 y $353.956.668 en 2023 para 117.906. Además, en marzo de 2024, se autorizó una licitación pública para adquirir insumos de hormonización, aunque el Gobierno asegura que no se concretó la compra final. Sin embargo, se reconoce que el proceso de licitación no fue cancelado y se disolvió la Dirección de Género y Diversidad encargada de su ejecución.

Cambios en la Ley de Identidad de Género

El Ejecutivo planea modificar la Ley de Identidad de Género (26.743), que actualmente garantiza el derecho de las personas a ser reconocidas legalmente según su identidad de género y a acceder a tratamientos médicos correspondientes. El artículo 11 de esta ley obliga a los efectores del sistema público de salud a asegurar estos derechos de manera permanente. No obstante, desde el Gobierno se argumenta: "No tenemos porqué financiar cambios de género. Preferimos derivar fondos a problemas más importantes". Esta decisión sigue a la prohibición, mediante el decreto 65/2025, del acceso a tratamientos de cambio de género para menores de 18 años.