El Gobierno está considerando la posibilidad de ofrecer un aumento salarial a los gremios universitarios, con el objetivo de desactivar la marcha federal programada para el próximo 2 de octubre. La decisión se habría tomado en una reunión en la Casa Rosada entre el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y el titular de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

Hasta el momento, especificaron la cifra del aumento, pero fuentes del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) indicaron que esta estrategia es habitual en el Gobierno para calmar protestas. "Es de cajón una movida del Gobierno. Lo que siempre hace es dar un ofrecimiento a alguna de las partes para desactivar la protesta", afirmaron.

Mientras las negociaciones avanzan, la administración de Javier Milei planea vetar la Ley de Financiamiento Universitario, recientemente aprobada por el Senado, que prevé asignar un 85% del presupuesto a salarios y un 15% a gastos generales. Este proyecto establece una recomposición salarial alineada con la inflación y otorga al Ejecutivo la facultad de realizar ajustes presupuestarios.

Víctor Moriñigo, presidente del CIN, advirtió que la situación de las universidades no es solo un problema de financiamiento, sino de prioridades. "Ojalá el Presidente tenga el mejor de los asesoramientos para que se nos llame pronto y podamos conversar sobre cómo financiar el sistema universitario y la ciencia y tecnología de nuestro país", destacó.

Por su parte, el Ministerio de Capital Humano aseguró que existe un diálogo fluido y un compromiso con las universidades. En un comunicado, la cartera liderada por Pettovello resaltó los esfuerzos realizados para garantizar el funcionamiento de las Universidades Nacionales, mencionando un aumento del 270% en los gastos de funcionamiento y más de 49 mil millones de pesos adicionales para hospitales universitarios.

Además, el Gobierno está considerando la transferencia de las universidades nacionales a las provincias, lo que podría generar nuevas complicaciones en el financiamiento de estas instituciones. Sin embargo, algunas provincias manifestaron desconocer esta intención y enfatizaton que cualquier traspaso debería ir acompañado de los recursos necesarios.