El Gobierno impulsa un proyecto para eliminar las jubilaciones de privilegio

El Congreso busca el tratamiento de proyectos que solicitan la derogación de leyes que establecen jubilaciones de privilegio o regímenes especiales en materia previsional. Los diputados Oscar Zago y Eduardo Falcone, del MID, presentaron una iniciativa que fue avalada desde el Poder Ejecutivo. "Nos interesa ese proyecto", les dijeron los ministros Guillermo Francos y Federico Sturzenegger a Falcone en la reunión semanal de los lunes en Casa Rosada.

La próxima semana habrá un nuevo encuentro de la mesa de estrategia parlamentaria. El diputado Falcone, en su proyecto, propone derogar normas que fueron sancionadas durante los gobiernos militares de Jorge Videla y Reynaldo Bignone, y una tercera ley aprobada durante la gestión del expresidente Carlos Menem: "Deróguense las leyes que establecen privilegios previsionales para ciertos funcionarios políticos, judiciales y eclesiásticos en Argentina". A partir de la derogación, dichas personas pasarían a depender del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones.

El artículo tercero aclara: "A partir del cese en sus funciones, el Presidente de la Nación gozará de una asignación mensual vitalicia por los servicios prestados a la Nación durante su mandato. Dicha asignación mensual será equivalente al 80% de la remuneración del Presidente de la Nación en ejercicio".

En sus fundamentos, Zago y Falcone expresaron: "Consideramos que el pueblo argentino se ha expresado claramente en las urnas en favor de la racionalización del gasto público y la reducción de impuestos, como condiciones necesarias para liberar las fuerzas productivas de nuestro país y superar el subdesarrollo".

Además, aclararon por qué no acompañaron el artículo del proyecto de la ley de Movilidad Jubilatoria que establecía la derogación del beneficio para el binomio presidencial: "Adoptamos entonces esa incómoda postura política porque consideramos que esa derogación, limitada solamente a los dos cargos más relevantes de la gestión del Estado, era oportunista y además insuficiente. A nuestro juicio, la derogación de los privilegios previsionales debía extenderse a todos los funcionarios públicos y no solamente a dos, como preveía el proyecto en debate en ese momento".