El presidente Javier Milei dio inicio al proceso de privatización total de la empresa Belgrano Cargas y Logística S.A., una decisión que se oficializó con la publicación del Decreto 60/2025 en el Boletín Oficial. Según el documento, la privatización se llevará a cabo a través de diversas modalidades que incluyen la venta del material rodante mediante remate público y la concesión de la infraestructura ferroviaria a través de licitaciones nacionales e internacionales.

El decreto establece un esquema de desintegración vertical de la empresa, lo que implica la separación de las actividades y bienes de cada unidad de negocio. Entre los puntos clave de la privatización se destacan:

• Remate público del material rodante, cuyos fondos se destinarán a un fideicomiso para financiar obras ferroviarias.

• Concesión de las vías y los inmuebles aledaños bajo el régimen de obra pública.

• Otorgamiento de talleres ferroviarios en concesión mediante licitaciones para garantizar su continuidad operativa en manos privadas.

Una vez finalizados estos procesos, la empresa estatal será disuelta y liquidada, marcando el fin de la administración pública sobre los servicios ferroviarios de carga.

La implementación de esta privatización quedará a cargo del Ministerio de Economía, con el apoyo de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas. A diferencia de otros procesos de privatización anteriores, el decreto establece que no habrá preferencias para empleados ni se implementará un programa de propiedad participada.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, había adelantado la noticia durante el fin de semana a través de su cuenta en X. "El Estado dejará de ser operador de los servicios ferroviarios de carga y de toda su infraestructura", confirmó el portavoz.

Belgrano Cargas y Logística S.A. fue creada en 2013 durante el gobierno de Cristina Kirchner y agrupa tres líneas ferroviarias clave: Belgrano, San Martín y General Urquiza. Su red atraviesa 17 provincias, cumpliendo un rol fundamental en el transporte de granos destinados a la exportación.

Según declaraciones de Adorni en 2024, la empresa requirió un financiamiento estatal de 112 millones de dólares para continuar operando, pero su rendimiento se mantuvo estancado. "La distancia media transportada hoy es la misma que hace 50 años", aseguró.

El Gobierno justifica la privatización bajo la premisa de que "todo lo que se pueda privatizar, se va a privatizar". En ese marco, se busca mejorar la eficiencia, competitividad y transparencia del sistema ferroviario de carga en el país. Además del Belgrano Cargas, otras empresas estatales sujetas a privatización incluyen Intercargo SAU, Enarsa, AYSA, SOFSE y Corredores Viales SA.