Desde la llegada de la Libertad Avanza al poder, el Gobierno nacional intervino cinco obras sociales sindicales por serias irregularidades, incluyendo la falta de entrega de medicamentos a los afiliados y una alarmante opacidad en la gestión de subsidios estatales. La Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) intensificó sus acciones, aplicando más multas en los primeros nueve meses de este año que en toda la gestión anterior, con un total de 30 sanciones que suman 200 millones de pesos.

Entre las obras sociales intervenidas se encuentran la Obra Social de los Trabajadores Rurales y Estibadores de la República Argentina (OSPERA) y la Obra Social del Personal de la Industria del Fósforo (OSPIF), entre otras. Estas intervenciones han revelado graves problemas, como la acumulación de más de 25 mil reclamos sin respuesta en el caso de OSPERA, que además solicitó un apoyo financiero de 3.300 millones de pesos mientras duplicaba su deuda a 43 mil millones.

Cierre de prepagas "fantasmas"

La SSS dio de baja a 114 entidades de medicina prepaga catalogadas como "fantasmas", que no presentaron documentación alguna tras inscribirse. Según los responsables del organismo, estas empresas carecían de padrones, planes de salud y estados contables, lo que pone en evidencia la falta de control en el sector.

Las autoridades expresaron su compromiso por terminar con la intermediación que perjudica a los afiliados, quienes, según estimaciones, perderían entre un 3% y un 10% de sus aportes en "cajas negras". Se estima que estos montos ascienden a unos 10 mil millones de pesos.

Un sistema en crisis

El informe de la SSS indica que, desde la gestión anterior, habían quedado pendientes alrededor de 6.000 expedientes de multas a obras sociales y prepagas. Este sistema de salud estuvo marcado por la falta de transparencia y rendición de cuentas, lo que ha generado una creciente desconfianza entre los afiliados.

El cierre de estas obras sociales y el aumento de multas son parte de un esfuerzo más amplio para reordenar el sistema de salud en Argentina, que ha enfrentado múltiples desafíos económicos y administrativos. Con una vigilancia más estricta y la intención de asegurar que los aportes de los afiliados se utilicen correctamente, el Gobierno busca corregir el rumbo de un sector que estuvo bajo la lupa por sus constantes irregularidades.