El Gobierno investiga a una exfuncionaria cercana a Grabois que manejó miles de millones de pesos

El Gobierno nacional puso la lupa en el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU) y en su responsable durante el gobierno de Alberto Fernández, Fernanda Miño. Miño es una referente dentro del espacio político liderado por Juan Grabois, el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE).

En total, el fondo implica unos $300.000 millones de pesos al año que son financiados a través del 9% de lo que se recauda con el impuesto PAIS. El destino de estos fondos son obras de urbanización que se realizan en más de 6.000 asentamientos que se encuentran inscriptos en el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP).

Según afirma Infobae en una reciente publicación, los movimientos sociales peronistas agrupados en la Unión Trabajadores de la Economía Popular habrían sido los más beneficiados con estos fondos a través de las obras que realizaban con sus cooperativas. Si bien la auditoría aún está en proceso, se estima que las cooperativas de Grabois y otros piqueteros, como Emilio Pérsico, el líder del Movimiento Evita, se beneficiaron con unos 24 mil millones de pesos los últimos cuatro años.

El FISU realizó cerca de 1.200 obras de integración en barrios populares y alcanzó a más de 5.000 asentamientos a través de obras de vivienda. Durante los últimos cuatro años estas obras tuvieron un costo de $480.611.383.294,59. La auditoría en curso puso la lupa en que un gran porcentaje de las obras fueron veredas y cordones y en que los contratos fueron dirigidos a cooperativas vinculadas a Grabois y Emilio Pérsico.

Si la auditoría encuentra que no hubo irregularidades, Sebastián Pareja, quien ocupa el mismo cargo de Miño, pagaría la totalidad de los certificados pendientes del año 2023. En total, esta documentación implica unos $20.000 millones.

El Fondo de Integración Socio Urbana se creó un 2019, durante el gobierno de Mauricio Macri, a través del Decreto 819/2019 conforme a lo definido en la Ley 27.453. Su objetivo principal es el "financiamiento de proyectos de integración socio urbana para los Barrios Populares que se encuentren inscriptos en el Registro Nacional de Barrios Populares y la creación de lotes con servicios", según se describía en la página web del ex Ministerio de Desarrollo Social.

La defensa de Juan Grabois

A través de su cuenta de Twitter, Grabois se defendió de estas acusaciones. "Para erradicar el hacinamiento, urbanizar todos los barrios populares y crear el millón de terrenos familiares con servicios destinados a viviendas y quintas productivas -que es lo que necesita Argentina si quiere resolver su crisis habitacional y alimentaria- en un plan de ocho años, se necesitan aproximadamente 3.000 millones USD anuales, 24.000 millones total (si te parece mucho, fijate la que fugaron con el préstamo del FMI) más unos 15.000 millones en crédito hipotecario blando para vivienda semilla", publicó.

En ese mismo sentido, afirmó que "la caja" que le atribuyen "es bastante más chiquita" que la que va a usar cuando haga "la revolución de las 3T (tierra, techo y trabajo)". "Sin disminuir el enorme mérito que tienen las obras desarrolladas con una política pública que -lo digo con orgullo- impulsamos desde los movimientos populares y ejecutaron personas brillantes, comprometidas, eficientes y honestas como pocas en este país", defendió.