El Gobierno de la Nación avanza con la preparación de un decreto que modificará la forma en que las universidades públicas gestionan sus gastos y contrataciones. La medida, que se publicará en las próximas horas en el Boletín Oficial, tendría como objetivo "imponer mayores niveles de transparencia en el uso de los fondos públicos por parte de las casas de estudio", a través de un control más estricto de las compras y contratos.

La reforma, elaborada por los equipos técnicos del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y el secretario de Educación, Carlos Torrendel, establece que las universidades deberán realizar sus compras a través de los portales oficiales "Comprar" y "Contratar". Estos portales dependen de la Oficina Nacional de Contrataciones, que está a cargo de la Jefatura de Gabinete, liderada por Guillermo Francos y su vice, José Rolandi.

Además, el Gobierno buscará que las universidades abandonen el Sistema de Información Universitaria (SIU-Pilagá) y se adhieran al Sistema Integrado de Información Financiera Internet (e-SIDIF), con el fin de registrar y auditar la gestión del presupuesto y la ejecución del gasto en línea con los estándares del Estado.

¿Un ataque a la autonomía universitaria?

La Universidad de Buenos Aires (UBA) manifestó su firme rechazo a la medida, argumentando que, al ser una entidad autárquica, no está obligada a cumplir con las disposiciones del Ejecutivo. En un comunicado, las autoridades de la UBA afirmaron que cumplirán con todas las normativas que involucran la Constitución Nacional y las leyes, pero expresaron su desacuerdo con que el Gobierno intervenga en la ejecución del gasto universitario. La universidad remarcó que, como ente autárquico, goza de autonomía en su gestión financiera y administrativa.

En este contexto, no descartan la posibilidad de judicializar la medida, y aseguran que señalarán "todo lo que no cumpla con el marco legal actual de la Argentina". Aseguran además que la forma en la que los ministerios y organismos públicos realizan contrataciones con otras entidades es parte de un "plano mucho más amplio", aunque no se oponen a la implementación de licitaciones como método de contratación.

El Ejecutivo, por su parte, sostiene que la reforma es necesaria para garantizar una gestión pública más eficiente y transparente en todas las áreas del Estado. Desde Balcarce 50, apuntan contra las autoridades de la UBA, acusándolas de no haber presentado los documentos necesarios para ser auditados. En este sentido, recalcan que las universidades deben cumplir con los mismos estándares de la administración pública en cuanto a compras y contrataciones.

Según fuentes cercanas al Gobierno, la medida tiene como objetivo evitar la contratación directa y promover la centralización de los procesos a través de licitaciones, supervisadas por el Ministerio de Educación. De acuerdo con el Ejecutivo, esto permitirá una mayor transparencia y control sobre el uso de los recursos públicos destinados a las universidades.

El posible impacto judicial de la medida

El Gobierno prevé que el decreto será impugnado judicialmente por la UBA y otras universidades, aunque asegura que la medida pasó por varias revisiones internas antes de ser presentada oficialmente. En este sentido, la administración nacional confía en que el marco legal que promueve la reforma es sólido y se ajusta a las normas constitucionales.

El Juzgado Contencioso Administrativo Federal 3, que preside el juez Santiago Carrillo, ya se pronunció sobre la intervención de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) en las auditorías a la UBA, rechazando la intervención del organismo en el control de la universidad. Sin embargo, el Gobierno mantiene su postura de que las universidades deben seguir los mismos procedimientos y estándares que cualquier otro organismo público en cuanto a contrataciones y compras.