El Gobierno negocia con el PRO y parte de la UCR para salvar el veto a las jubilaciones

El Gobierno se enfrenta a una compleja batalla legislativa mientras intenta mantener su posición firme contra la ley jubilatoria. La administración decidió posponer la implementación del veto presidencial a la ley, originalmente previsto para este miércoles en Diputados. Esta decisión responde a una serie de negociaciones a contrarreloj con aliados y a un panorama político en constante cambio.

En el contexto de la discusión sobre la ley jubilatoria, el Ejecutivo ha intensificado las tratativas con diversos sectores políticos, incluyendo el PRO y fragmentos de la UCR, así como con gobernadores que, aunque con un impacto menor, podrían influir en el apoyo de las filas peronistas y provinciales. El objetivo es sostener el veto presidencial, a pesar de los crecientes reclamos por un compromiso más real con los acuerdos establecidos.

Un punto de fricción ha sido la reciente limitación del acceso a la información pública, que ha generado un fuerte rechazo entre algunos interlocutores clave. Esta medida, junto con la urgencia de evitar nuevas derrotas legislativas, llevó al Gobierno a una postura de cerrazón que ha sido criticada incluso dentro de sus propias filas. La imagen de Javier Milei con cinco diputados radicales, que podrían influir en la votación, ha generado preocupación en el PRO, destacando la fragmentación interna y el malestar con el entorno presidencial.

El terreno legislativo sigue siendo inestable, con una mezcla de sobresaltos y respiros que afectan al oficialismo cada semana. El enfoque está en el Senado, donde se ha postergado el tratamiento de temas cruciales como el financiamiento de universidades y el rechazo al DNU de los fondos para la SIDE. Se esperaba que la Cámara alta abordara la iniciativa sobre la Boleta Única de Papel, aunque las cuentas para esta propuesta no parecen claras. Además, la UCR podría experimentar fisuras internas sobre la reforma electoral, y el peronismo no garantiza los números necesarios para aprobar otros temas.

La situación también se complica con las movilizaciones en la calle, organizadas por sectores sociales y sindicales vinculados al kirchnerismo, lo que añade presión al Gobierno y provoca tensiones adicionales en la CGT. A pesar de las críticas y el malestar, el oficialismo ha continuado con sus esfuerzos para negociar y mantener una postura firme en el Congreso.

En este contexto, el Gobierno sigue trabajando para afianzar alianzas y manejar la fragmentación opositora. Las reuniones con el PRO y otros espacios allegados han sido frecuentes, pero el compromiso con los acuerdos sigue siendo un desafío. La rectificación del decreto que limita la ley de acceso a la información pública ha sido uno de los temas de discusión, pero hasta el momento no se han logrado avances significativos en esta área.

Mientras tanto, el Gobierno espera con atención la difusión del IPC de agosto, un dato clave para Milei en términos económicos y políticos. Además, se destacan informes positivos sobre la industria, la construcción, y el crédito al sector privado, aunque persisten preocupaciones sobre los niveles de ingresos y haberes jubilatorios.

Con el Congreso en el centro de la atención, el Presupuesto será el próximo gran tema de debate. Milei se prepara para presentar el proyecto en la Cámara de Diputados el próximo domingo.