El Gobierno nacional y las provincias avanzan en negociaciones por las deudas que la Nación mantiene con las cajas previsionales no transferidas a la Anses. La falta de aprobación del Presupuesto 2025 aceleró el diálogo, en el que una de las condiciones es que los gobernadores retiren las demandas presentadas ante la Corte Suprema. A cambio, las provincias buscan hacerse cargo de obras nacionales, entre otras concesiones.

Según fuentes consultadas, 18 gobernadores están en conversaciones con la administración de Javier Milei. Desde Balcarce 50 aseguran que las negociaciones están en una etapa avanzada y confían en cerrar un acuerdo en los próximos días. Sin embargo, este pacto no implicaría el pago inmediato de las deudas de 2024, sino un compromiso de saldar los montos a partir de 2025.

Aunque varios gobernadores dialoguistas sostienen que mantendrán los litigios abiertos y buscan otras alternativas de negociación, algunas provincias enfrentan presiones financieras que podrían hacerlas ceder. El Ministerio de Economía y los negociadores del presidente Milei observan con atención esa dinámica.

El Gobierno busca implementar el Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas, un esquema que permite canjear deuda por rutas, tierras fiscales y obras públicas. Este mecanismo ya cuenta con la adhesión de 18 provincias y se presentó como una herramienta para sanear las cuentas públicas y extinguir las deudas mutuas.

Entre las provincias que firmaron el acuerdo, pero mantienen sus reclamos judiciales, se encuentra Entre Ríos. "Seguimos adelante, salvo que haya un documento definitivo", afirmaron desde el gobierno de Rogelio Frigerio, que reclama $9000 millones mensuales para cubrir el déficit previsional.

Santa Cruz, por su parte, acumula una deuda de $82.000 millones con el Tesoro Nacional y suspendió las demandas. La provincia patagónica, gobernada por Claudio Vidal, reclama la reactivación de obras en las represas y fondos para Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT).

No todas las provincias aceptaron el canje. Santa Fe, liderada por Maximiliano Pullaro, se mantiene firme en su postura y continúa reclamando una deuda de US$800 millones. Además, busca hacerse cargo de rutas nacionales, como la 11 y la 34, donde se registraron 60 muertes por accidentes en 2024.

Buenos Aires, La Rioja, Formosa, Santiago del Estero y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se encuentran entre los distritos que rechazaron el régimen. Las tensiones políticas con el Gobierno de Milei influyen en la decisión de algunas de estas provincias.