El Gobierno argentino decidió no pedir la nulidad de la sesión del Senado en la que se destituyó al senador Edgardo Kueider, a pesar de que el Presidente Javier Milei había considerado la sesión como "inválida". La confirmación llegó del vocero presidencial, Manuel Adorni, quien aclaró en declaraciones a TN que, aunque la sesión presentó irregularidades, el Ejecutivo no presentará una demanda ante la Justicia para anularla.

Según fuentes gubernamentales, el proceso para solicitar la nulidad sería complicado y requeriría una demanda en el fuero contencioso administrativo, un paso que por el momento no está previsto tomar. Esta decisión se produce en medio de una creciente tensión interna entre Milei y la vicepresidenta, Victoria Villarruel, quien fue señalada por el Gobierno por haber convocado la sesión que trató la destitución de Kueider.

El conflicto en torno a esta sesión generó nuevos roces entre la Casa Rosada y la Vicepresidenta. 

Desde el Gobierno, se acusa a Villarruel de haber infringido las normas del Senado al presidir la sesión en un momento en que Milei se encontraba de viaje en Italia. 

Se especula que la convocatoria fue deliberada, aunque la estrategia del Ejecutivo será atacar a Villarruel principalmente a través de la exposición pública y no mediante medidas formales. De esta manera, el Gobierno evitaría implicarse en un error administrativo que podría afectar sus propios intereses institucionales.

El enfrentamiento entre Milei y Villarruel alcanzó nuevos niveles cuando el Presidente rompió su habitual postura de evitar enfrentamientos y calificó la sesión como "inválida". Por su parte, Villarruel intentó justificar su accionar, achacando la situación a la "falta de comunicación" con el entorno de Milei. En los alrededores del Presidente, se asegura que no estaban al tanto de la irregularidad durante la sesión, y que se enteraron después, a través de los medios de comunicación.

Dentro del propio Gobierno existen diversas interpretaciones sobre el accionar de Villarruel. Mientras algunos funcionarios más conciliadores lo consideran un error administrativo, otros creen que la vicepresidenta estaba al tanto de la irregularidad y que presidió la sesión con pleno conocimiento de lo sucedido. Algunos incluso sugieren que la cúpula del Gobierno, en particular la hermana del Presidente, Karina Milei, sí estaba al corriente de la situación y permitió que la sesión siguiera su curso, con la esperanza de que pudiera ser anulada posteriormente.

En medio de la controversia, Kueider presentó un amparo ante la Justicia para solicitar la nulidad de la sesión. Ahora, la decisión final sobre el caso está en manos de la Justicia. Si la anulación prospera, sería visto como un triunfo para el Gobierno, ya que evitaría que una dirigente del kirchnerismo ocupe el lugar de Kueider, lo que podría dificultar aún más la aprobación de iniciativas del oficialismo, como los pliegos para la Corte Suprema.