A mediados de enero, el Gobierno nacional emitió una resolución que causó gran controversia. La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDis) publicó en el Boletín Oficial la Resolución 187/2025, que modificaba los criterios para el otorgamiento de pensiones no contributivas para personas con discapacidad. En el documento se incluyeron términos considerados discriminatorios como "idiota", "imbécil" y "débil mental", lo que desató una ola de críticas tanto en las redes sociales como en organizaciones civiles.

La respuesta del Gobierno: Un error, no una intención discriminatoria

Luego de la fuerte reacción, la ANDis emitió un comunicado en el que se disculpó y aseguró que el uso de estos términos fue un "error". En su mensaje, aclararon que las palabras utilizadas eran parte de una terminología psiquiátrica antigua, ahora descontinuada, y que no existía ninguna intención de discriminar. Aseguraron que ya se estaban tomando medidas para corregir la normativa, alineándola con los estándares internacionales de clasificación médica.

Críticas sobre la resolución y sus implicancias en el acceso laboral

Eduardo Quiroga, abogado de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), expresó su preocupación por el enfoque discriminatorio de la normativa, que a su juicio violaba la Convención Internacional de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Además, cuestionó la retrocesión en los criterios de evaluación, que considera una regresión a prácticas de los años 90. Según Quiroga, esta resolución no solo excluye a las personas con discapacidad del mercado laboral, sino que también limita su acceso a trabajos formales, creando un sistema que favorece el empleo informal y precarizado.

El impacto económico y las dificultades para acceder a la pensión

La situación se complica aún más por los bajos montos de las pensiones no contributivas, que apenas cubren el 70% de un salario mínimo vital y móvil. A pesar de los bonos adicionales otorgados por el Gobierno, muchas personas con discapacidad se ven obligadas a buscar trabajos informales para complementar sus ingresos, ya que los beneficios no alcanzan para cubrir sus necesidades básicas. Además, la reciente medida de la ANDis impide que aquellos que cuenten con un empleo formal registrado mantengan la pensión, lo que genera una discriminación adicional para quienes buscan mejorar su situación laboral.

La falta de consulta a la comunidad de personas con discapacidad

Otro punto crítico señalado por las asociaciones civiles es la falta de participación de las organizaciones de personas con discapacidad en la creación de esta resolución. Según Quiroga, la normativa fue elaborada sin la consulta previa a la comunidad afectada, lo que contraviene el principio de consulta y participación establecido en la Convención Internacional. Esto refleja un enfoque desactualizado sobre la discapacidad y una exclusión de las voces que deberían estar al frente de la toma de decisiones sobre políticas públicas que los afectan directamente.

Auditoría y barreras de accesibilidad para continuar con las pensiones

Una de las medidas adicionales que genera preocupación es la auditoría que obliga a las personas con discapacidad a someterse a nuevos estudios médicos para continuar percibiendo sus pensiones. Estas auditorías no toman en cuenta las barreras de accesibilidad que enfrentan muchas de las personas afectadas. La notificación para realizar los chequeos médicos es confusa, no utiliza braille ni garantiza los recursos necesarios para el traslado de las personas a los centros de evaluación, lo que complica aún más el proceso.