El Gobierno salió a respaldar a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, luego de las críticas recibidas por el accionar de las fuerzas de seguridad durante los violentos incidentes ocurridos en la marcha de jubilados frente al Congreso. Desde la Casa Rosada, aseguraron que el operativo en los alrededores del Palacio Legislativo fue adecuado ante lo que calificaron como una "movilización política" que buscó desestabilizar la gestión del presidente Alberto Fernández.

Según fuentes cercanas al Ejecutivo, el comportamiento de la ministra fue esperado en un contexto de alta tensión y violencia. "No nos sorprendió la forma en la que actuó. Es justamente lo que esperábamos de ella ante una marcha política que buscaba desestabilizar al gobierno", expresaron desde la Casa Rosada a TN.

El oficialismo centró su discurso en la violencia de los manifestantes, los destrozos en el espacio público y las agresiones a los efectivos policiales. Además, acusaron a la oposición de utilizar barrabravas y grupos de patotas con el fin de generar un "intento de golpe de Estado". El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, fue contundente al afirmar que detrás de los incidentes estaban sectores vinculados al kirchnerismo y La Cámpora, que buscan desestabilizar a un gobierno que, según él, "está dando soluciones a los problemas del país".

Por su parte, Patricia Bullrich también defendió su accionar en conferencia de prensa, señalando que la marcha fue organizada por "patotas" y "agrupaciones de izquierda violentas" que buscaban desestabilizar al gobierno. La ministra destacó que durante los incidentes se encontraron "clavos 'miguelitos' para pinchar neumáticos de motos y patrulleros", así como armas de fuego y blancas.

El Gobierno avanza con la Ley Anti-Barras Bravas

En medio de estos episodios, el Gobierno impulsa con urgencia el envío de la Ley Anti-Barras Bravas al Congreso. La iniciativa, que ya estaba lista desde diciembre y fue promovida por Bullrich, busca tipificar a las barras bravas como organizaciones criminales. El proyecto propone sanciones severas para quienes transporten armas o revendan entradas, con penas de hasta seis años de prisión para dirigentes de clubes que colaboren con estas organizaciones.

El Gobierno también contempla medidas más estrictas contra el negocio ilegal que manejan las barras bravas, como el control de estacionamientos y otras actividades ilícitas en los alrededores de los estadios. A través de esta ley, se pretende cortar las fuentes de financiamiento de estas organizaciones y endurecer el régimen de inhabilitación administrativa para impedir que personas vinculadas a estos grupos accedan a los estadios.

En cuanto a los incidentes del miércoles, el Ministerio de Seguridad está investigando los antecedentes de los detenidos, a fin de determinar si tienen vínculos con las barras bravas. Además, se están revisando las cámaras de seguridad y la documentación relacionada con posibles concentraciones previas a la marcha en distintos municipios del conurbano bonaerense, como Lomas de Zamora y La Matanza.

La Casa Rosada también prepara una denuncia penal junto a las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires, apuntando contra la jueza Karina Andrade por liberar a los detenidos tras los disturbios.