El Gobierno de Javier Milei desplegó uno de los operativos antipiquetes más grandes de su gestión en respuesta a la marcha de los jubilados frente al Congreso, que contó con la participación de hinchas de diversos clubes de fútbol. El enfrentamiento con la Policía, que dejó varios heridos y generó caos en las inmediaciones del Congreso, fue considerado por las autoridades como una manifestación de desorden que los argentinos no desean ver más.

Desde la Casa Rosada se siguió con atención el desarrollo de los incidentes. "Esto es lo que la gente no quiere más, buscan tranquilidad", aseguraron fuentes oficiales. Los funcionarios del Gobierno explicaron que el operativo policial, que buscaba frenar la marcha, tenía como objetivo mostrar que el Estado es el que tiene el control y no iba a permitir que los manifestantes "se salieran con la suya".

Un operativo de seguridad sin precedentes

Según fuentes de la Casa Rosada, el Gobierno había planeado el operativo desde hacía días, anticipando que la movilización podría generar disturbios. "Hasta inteligencia estuvo al tanto de la organización", explicó un funcionario. Además, el Ministerio de Seguridad, encabezado por Patricia Bullrich, amplió los criterios de restricción de concurrencia a los estadios, como parte de su estrategia para combatir la violencia de las barras bravas, extendiendo estas medidas a los disturbios en las manifestaciones.

El operativo, que involucró a las fuerzas de seguridad y se desplegó por todo el centro de la ciudad, tenía como objetivo mantener el orden y prevenir mayores desbordes. "Teníamos que demostrar que acá mandamos nosotros. No podíamos dejar que hagan lo que quieran", señalaron desde el oficialismo, con la firme intención de evitar que la marcha se desbordara aún más.

El Gobierno y la acusación de desestabilización

Desde el Ejecutivo, también se dejó entrever que los disturbios podrían haber sido causados por "determinados grupos políticos" que buscan desestabilizar al Gobierno. Un miembro cercano al presidente Milei sostuvo que "son militantes violentos" que intentan socavar la autoridad del Gobierno, insinuando que las barras bravas fueron utilizadas con fines políticos. En línea con esta postura, Guillermo Francos, jefe de Gabinete, también opinó que los incidentes fueron "totalmente preparados" y que los jubilados fueron utilizados como una fachada para los intereses de los barras.

El respaldo del Gobierno a su postura y las críticas a los barrabravas

La respuesta oficial de La Libertad Avanza fue clara: "Hace más de un año, los argentinos decidimos cambiar nuestra historia. Que los barrabravas, que son la peor escoria de la sociedad, protesten es una señal de que vamos por el buen camino", expresó el oficialismo a través de sus redes sociales, mientras difundían un video de TN que mostraba los incidentes en el Congreso.

A pesar de las críticas por la participación de barrabravas en la protesta, el Gobierno insistió en que su postura de seguridad es necesaria para evitar desbordes y para demostrar que las manifestaciones deben respetar el orden público. Además, dejaron en claro que las políticas de seguridad están pensadas para erradicar la violencia y garantizar la tranquilidad de los ciudadanos.