El Gobierno revisa la lista del personal de Olivos para enviarla a la Justicia en la causa contra Alberto Fernández

El Gobierno se encuentra revisando la nómina del personal que trabajó en la Quinta de Olivos durante el mandato de Alberto Fernández, en respuesta a la solicitud de la Justicia en la causa que investiga la denuncia por violencia de género presentada por Fabiola Yañez contra el expresidente. "Estamos armando el documento. Lo vamos a mandar en el corto plazo", confirmó un funcionario.

La documentación incluye los registros de ingreso y egreso del personal de limpieza, cocineros y mozos que cumplieron funciones tanto en el chalet como en la casa de huéspedes de la residencia presidencial. 

Además, se están recolectando las constancias de la atención médica que recibió la exprimera dama por parte del extitular de la Unidad Médica Presidencial, Federico Saavedra, desde 2019 hasta 2023, así como los registros de ingreso del médico y cualquier otra visita de su equipo.

La responsabilidad de responder al pedido del fiscal federal Ramiro González recae en la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien coordina con Casa Militar, dirigida actualmente por Sebastián Ibáñez, que asumió en marzo en reemplazo de Alejandro Guglielmi.

Sin embargo, el Gobierno manifestó que no cuenta con las grabaciones de las cámaras de seguridad de la Quinta de Olivos solicitadas por la Justicia. Según fuentes oficiales, "no hay registro de las cámaras de Olivos porque no se genera archivo". 

El mantenimiento de las cámaras de seguridad está a cargo de la empresa Automation Systems, dirigida por el exteniente de Fragata Armando Raúl Mayora, contratada por la gestión de Fernández y cuyo contrato fue ampliado en marzo por Karina Milei por seis meses, con un costo de $30.360.000.

La Justicia está a la espera de la respuesta del Ejecutivo y no descarta solicitar nueva documentación si es necesario. "Se va a analizar el material y se pedirá algo más en caso de que sea necesario", indicó una fuente cercana a la causa.

 El objetivo es corroborar si los registros médicos coinciden con las acusaciones realizadas por Yañez en su declaración por Zoom. Por ello, el fiscal solicitó también las historias clínicas de Yañez de los años 2016 y 2017 a las clínicas Otamendi, SANAR y Fertilis.