El Gobierno de Javier Milei avanza en su plan de ajuste con un enfoque más riguroso sobre la administración pública. A partir de la próxima semana, el Ministerio de Desregulación implementará exámenes de idoneidad para los empleados estatales, que se suman a una inspección más detallada en organismos descentralizados. Estos movimientos buscan asegurar que los recursos del Estado sean utilizados de manera más eficiente y profesional.

Exámenes obligatorios para los empleados estatales

A partir de la próxima semana, la Casa Rosada habilitará los turnos para que los empleados públicos puedan inscribirse en las pruebas de idoneidad. Estos exámenes están dirigidos a los 40.000 empleados de planta transitoria, cuyo contrato vence el 31 de diciembre, y a aquellos que deseen ingresar a la administración pública por primera vez. La inscripción permanecerá abierta durante todo el año.

El examen, que constará de tres niveles de dificultad según el puesto (profesionales, administrativos y servicios generales), incluirá preguntas de lógica, matemáticas y conocimientos sobre la administración pública. Se llevará a cabo de forma presencial en el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) y tendrá un formato de opción múltiple con 20 a 24 preguntas.

El objetivo de esta evaluación no es un filtro definitivo, sino un mecanismo de medición de eficiencia en la administración pública. Aunque la aprobación del examen será obligatoria, no garantiza la renovación del contrato para los empleados transitorios, aunque sí será un requisito para quienes ingresen por primera vez al sector público.

El ajuste también alcanza a los organismos descentralizados, los cuales serán sometidos a una revisión exhaustiva para evaluar la necesidad de sus funciones y estructura. Algunos organismos están en la mira debido a lo que el Gobierno considera tareas "innecesarias o duplicadas".

Entre los más destacados se encuentra la Comisión Nacional de Microcrédito (Conami), que el Ejecutivo considera que tiene más presupuesto destinado a salarios que a los préstamos para emprendedores, lo que podría derivar en su cierre. De igual manera, se evalúa la situación del Consumo Protegido (Coprec), cuyo papel en la defensa de los consumidores se superpone con el de otras dependencias.

La revisión podría derivar en fusiones de organismos, su eliminación o su reestructuración bajo la administración central.

Impacto en el empleo público y reducción de personal

El ajuste sobre el empleo público tuvo un impacto notable. Según los últimos datos del INDEC, la plantilla del Estado pasó de 341.473 empleados en diciembre de 2023 a 305.688 en octubre de 2024, lo que representa una reducción del 10,48% en el empleo estatal, con la eliminación de 35.785 puestos.

Los recortes han afectado a todas las dependencias públicas, aunque especialmente a los ministerios y organismos descentralizados, donde se eliminaron más de 23.000 puestos. También se redujo el personal de las empresas y sociedades estatales, con una baja de 12.328 puestos.

Este ajuste tiene como objetivo reducir el gasto público y optimizar la eficiencia del Estado, en línea con las políticas de austeridad implementadas por el Gobierno de Milei.