El Ministerio de Defensa de la Nación oficializó la baja de 23 militares condenados por crímenes de lesa humanidad, según fue publicado en el Boletín Oficial y replicado en redes sociales. La decisión responde a una orden judicial y no a una medida unilateral de la cartera comandada por Luis Petri.

Desde el Ministerio de Defensa explicaron que la disposición se basa en una resolución judicial firme. "La Justicia nos ordenó darles de baja porque tienen una sentencia firme de lesa humanidad. Nosotros no hicimos más que acatar una orden de la Justicia, eso es todo", afirmaron.

Un fallo que obliga al cumplimiento inmediato

Según el comunicado oficial, las bajas de los efectivos no responden a una decisión política o administrativa de Defensa, sino que surgen a partir de una orden del Poder Judicial. La medida fue notificada por el Ministerio Público Fiscal, lo que impuso su inmediato cumplimiento.

La solicitud formal fue presentada por el fiscal nacional de Investigaciones Administrativas, Sergio Rodríguez, en un documento enviado al ministro Petri, al jefe de la Armada Argentina, Carlos María Allievi, y al jefe de la Fuerza Aérea Argentina, Fernando Luis Mengo. En la petición, el fiscal exigió la baja de los agentes retirados de dichas instituciones con condenas firmes por delitos de lesa humanidad.

Investigaciones y medidas en curso

Desde la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) indicaron que solicitaron "el inicio de actuaciones sumariales con el objeto de esclarecer los hechos y eventuales responsabilidades en relación a las presuntas irregularidades acaecidas en la información proporcionada". Además, remarcaron que las condenas de los militares dados de baja "se encuentran firmes, agotadas todas las instancias recursivas".