El PRO decidió no dar quórum para dictaminar la ley de DNU
Al mismo tiempo, mantiene sus exigencias a la Casa Rosada, buscando más apoyo para sus provincias en el Presupuesto y aceleración de reformas clave.
Este lunes, el PRO definió su estrategia parlamentaria para los próximos días, centrada en no dar quórum en la sesión de Diputados convocada para mañana, donde se debatirá una modificación a la Ley de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU).
La decisión fue tomada durante una reunión encabezada por Mauricio Macri, quien convocó a la Mesa Ejecutiva del PRO, conformada por gobernadores, intendentes y referentes legislativos del partido, en la sede de Balcarce 50, a pocas cuadras de la Casa Rosada.
La modificación a la ley de DNUs busca permitir que el Congreso pueda rechazar un decreto presidencial con el voto afirmativo de una sola cámara, en lugar de requerir el rechazo por ambas cámaras, como ocurre actualmente.
Al no dar quórum, el PRO evita que la oposición logre iniciar la sesión y consolidar el proyecto, a la vez que mantiene una postura institucional para no tensar aún más su relación con Javier Milei y el Gobierno.
En caso de que la sesión se lleve a cabo y la oposición logre el quórum, los legisladores del PRO votarán junto con los libertarios para rechazar la modificación de la ley de DNUs.
La reunión, que comenzó a las 16 horas, contó con la participación de figuras clave del PRO, como Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Jorge Macri (CABA), Nacho Torres (Chubut), y los diputados Cristian Ritondo, Diego Santilli y María Eugenia Vidal, entre otros. El expresidente Macri y los referentes provinciales se concentraron en analizar los próximos pasos de cara a un 2025 electoral que se perfila clave para la estrategia política del macrismo.
Exigencias del PRO a la Casa Rosada
En paralelo a esta decisión estratégica, el PRO mantiene su presión sobre el Gobierno en varios frentes. Los gobernadores e intendentes del partido insisten en que el Ejecutivo cumpla con las promesas hechas en torno al Presupuesto 2025. Exigen partidas para obras públicas en sus provincias y soluciones a problemas de coparticipación, como en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, donde se reclama la regularización de los fondos judicialmente establecidos. También piden fondos para obras inconclusas y nuevos proyectos de infraestructura.
El PRO también está presionando para que el Gobierno acelere la reforma sindical y continúe con las privatizaciones de empresas estatales, como la de Aerolíneas Argentinas. El expresidente ve en la aceleración de estas privatizaciones una oportunidad para mejorar la eficiencia del Estado y crear un entorno más competitivo en sectores clave de la economía. En este sentido, también expresó su preocupación por la demora en el proceso de privatización de Corredores Viales SA, la empresa estatal encargada de la red vial más importante del país.
El clima de tensión con el Gobierno
Desde la última reunión de la Mesa Ejecutiva del PRO, que tuvo lugar el 24 de octubre, los macristas manifestaron su malestar por la falta de respuesta a sus demandas de gestión. Cristian Ritondo, jefe de la bancada del PRO en Diputados, fue designado como el principal nexo con el Gobierno para tratar los temas de gestión y de carácter legislativo, especialmente los relacionados con la distribución de fondos y la ejecución de obras en las provincias gobernadas por el PRO.
El expresidente Macri, que sigue de cerca la situación política, se prepara para exigir más concesiones a Javier Milei en las próximas semanas. En particular, está concentrado en que se cumpla con las necesidades de los gobernadores del PRO, como el financiamiento de obras públicas y el cumplimiento de acuerdos sobre la coparticipación federal. A medida que se acerca el año electoral, estas disputas políticas se perfilan como un factor clave en las negociaciones entre el PRO y el Gobierno.
Mirada hacia 2025
El PRO enfrenta el desafío de renovar 22 bancas en Diputados y una en el Senado en 2025. Aunque este número no será fácil de alcanzar, el partido confía en que podrá mantener una bancada de 30 legisladores, lo que les permitirá tener un poder de presión significativo sobre el Gobierno de Milei.