Luego de idas y vueltas, el Gobierno avanzará este lunes con la reglamentación de una primera parte de la Ley Bases. El decreto pondrá en vigencia la delegación de facultades, la reorganización administrativa, las privatizaciones y los cambios en el empleo público. 

Este primer bloque de artículos se publicará en el Boletín Oficial a medianoche, dando inicio a una serie de desregulaciones que buscan modernizar la estructura estatal y mejorar su eficiencia.

Guillermo Francos, jefe de Gabinete, adelantó que esta es solo la primera etapa de implementación de la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos. "Una vez que se publique en el Boletín Oficial, que será el lunes, ya se pone en vigencia, pero es el primer paso, de varios que vamos a ir dando sucesivamente", afirmó Francos en declaraciones a Radio Mitre.

Las palabras del titular de la Jefatura de Gabinete de Ministros llegaron apenas horas después de que el vocero presidencial, Manuel Adorni, publicara en redes sociales un anticipo de lo que vendrá. "Les recomiendo a todos que no se pierdan de leer el próximo Boletín Oficial de la República Argentina. Fin", escribió en su cuenta de X. 

La primera etapa de la reglamentación de la ley Bases incluirá los artículos vinculados a las facultades delegadas y la emergencia, el capítulo sobre Reforma del Estado, el apartado sobre las privatizaciones y las modificaciones implementadas a las normativas de empleo público. 

En el primer caso, se declara la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por el plazo de un año y se delega en el Poder Ejecutivo nacional las facultades necesarias para abordar estas áreas críticas. Además, se publicará la reglamentación del Título II denominado "Reforma del Estado", enfocada en mejorar la gestión pública y reducir el déficit estatal.

Respecto a las privatizaciones, se detallará el alcance de las privatizaciones totales o parciales de empresas estatales como Energía Argentina, Intercargo, AySA, Belgrano Cargas y otras entidades clave. La normativa permitirá la modificación o eliminación de competencias de organismos estatales, exceptuando algunas instituciones científicas y de control específicas. 

Por último, se pondrá en marcha un nuevo esquema regulatorio del empleo público, afectando a miles de empleados estatales con estabilidad plena, quienes podrían quedar en situación de disponibilidad o desvinculados de la Administración Pública nacional, pero con derecho a percibir una indemnización.