Escándalo Seguros: Alberto Fernández denunció persecución política y noticias falsas
El expresidente se defendió de las acusaciones en su contra por un presunto fraude millonario al Estado en la contratación de seguros, calificando las denuncias como una persecución política basada en información falsa.
Alberto Fernández presentó un escrito ante el juez federal Julián Ercolini en el marco de la causa que investiga posibles irregularidades en la contratación de seguros con Nación Seguros.
Fernández, quien está imputado en el expediente junto con el broker Héctor Martínez Sosa, negó las acusaciones de haber favorecido a Martínez Sosa, y calificó el proceso como una "persecución política" basada en "noticias falsas".
En su defensa, Fernández argumentó que el decreto 823/2021, que estableció la obligatoriedad de contratar pólizas con Nación Seguros, fue emitido para evitar que las primas se destinaran a "empresas extranjeras".
El expresidente destacó que los contratos en los que supuestamente intervino eran en su mayoría anteriores a su mandato presidencial, y que la denuncia en su contra carece de fundamento y está impregnada de un "tinte ideológico" libertario.
Fernández criticó duramente el accionar judicial, afirmando que el sistema penal está siendo utilizado como un medio de persecución política y que las causas judiciales se basan en "dichos de periodistas y noticias falsas". Añadió que el decreto en cuestión buscaba mantener los recursos del Estado dentro de las arcas públicas y evitar retiros de divisas a través de reaseguros en el extranjero.
El exmandatario también rechazó cualquier vínculo con Martínez Sosa, quien es esposo de María Cantero, una exsecretaria de Fernández. El expresidente subrayó que no tuvo ninguna injerencia en las contrataciones de seguros y que nunca intercedió por Martínez Sosa. Según Fernández, nunca recibió ninguna solicitud de intercesión ni tiene relación comercial con el broker.
La denuncia en contra de Fernández se enmarca dentro de una investigación más amplia que busca esclarecer posibles irregularidades en la administración de seguros estatales.