Evo Morales se encuentra bajo investigación por estupro y trata de personas

El expresidente boliviano es investigado por cargos de estupro, trata y tráfico de personas. Aunque se emitió una orden de captura en su contra, fue anulada. Su equipo legal acusa al gobierno de Arce de persecución.

El expresidente de Bolivia, Evo Morales, está siendo investigado por la Fiscalía por cargos de estupro, trata y tráfico de personas, según informó Sandra Gutiérrez, exfiscal departamental de Tarija. La noticia se conoció tras emitirse una orden de aprehensión contra Morales, la cual fue anulada después de que se le concediera una acción de libertad. El caso involucra un supuesto vínculo con una menor de edad en 2018.

La denuncia, presentada la semana pasada, llevó a la formación de una comisión de fiscales que decidió investigar los hechos y emitir el mandamiento de captura. La investigación sigue en curso y también involucra a otras dos personas, cuyas identidades no fueron reveladas.

El equipo jurídico de Morales, representado por la abogada Cecilia Urquieta, calificó la investigación como parte de una "persecución judicial" contra el exmandatario, a quien se le abrieron cinco procesos tras una protesta que lideró contra el Gobierno a mediados de septiembre. Urquieta afirmó que la denuncia de trata y tráfico está basada en rumores que no fueron comprobados, y destacó que la presunta víctima no forma parte de la denuncia.

Este caso emerge en un contexto de intensas disputas internas dentro del Movimiento al Socialismo (MAS), el partido de Morales, donde las facciones alineadas con el expresidente y el actual mandatario, Luis Arce, pelean por el control del partido de cara a las elecciones de 2025.

Además, la abogada Urquieta denunció irregularidades en la investigación y afirmó que Morales no había sido notificado formalmente del caso, enterándose de su existencia de manera casual. "Ha sido un momento de preocupación, pero Evo Morales sigue fuerte porque cuenta con el apoyo de su gente", señaló.

Por su parte, Sandra Gutiérrez, la fiscal que lideraba el caso, fue destituida poco después de emitir la orden de captura. Gutiérrez denunció públicamente que fue presionada para presentar su renuncia por el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa. Tras negarse a dimitir, recibió un memorándum de agradecimiento por sus servicios, marcando su salida del cargo.

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