El presidente enfrenta un creciente desafío político por parte de los gobernadores dialoguistas, quienes endurecieron sus reclamos y podrían complicar el panorama legislativo en temas clave como el veto a la reforma jubilatoria y el Presupuesto 2025. 

Estos gobernadores, que inicialmente se mostraron dispuestos a negociar, ahora exigen nuevas y más firmes condiciones antes de brindar su apoyo en el Congreso.

Los mandatarios provinciales, que firmaron el Pacto de Mayo en Tucumán, señalan que el gobierno nacional incumplió varios de los compromisos asumidos durante el debate de la Ley Bases y otros temas cruciales como la coparticipación, recursos para obras de infraestructura, fondos de las cajas previsionales, la privatización de la hidrovía y las regalías de Yacyretá. Ahora, buscan garantías más sólidas antes de sentarse a la mesa de negociaciones.

"Si Nación no cumple los compromisos asumidos, en algunos casos se recurrirá a la Corte, como ya se hizo en el tema coparticipación, y en otros se mostrará el malestar en el Congreso, cuando haya que votar o no algunas leyes", advirtió un allegado a uno de los gobernadores.

Además, la eliminación del Fondo de Incentivo Docente (Fonid) y los recortes en transferencias y obra pública generaron nuevas tensiones, con gobernadores como Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos) reclamando soluciones urgentes al gobierno nacional.

El equilibrio fiscal, uno de los pilares de la administración de Milei, se convirtió en un punto de disputa central. 

Los gobernadores exigen que se mantengan los recursos necesarios para sus provincias sin comprometer el déficit fiscal, lo que pone al gobierno en una encrucijada.

En medio de este complejo escenario, no está claro si el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, será nuevamente el encargado de las negociaciones con los gobernadores, dado que su influencia disminuyó en las últimas semanas.